El gobierno de la Provincia de Buenos Aires se hizo eco de la denuncia de una relocalización ilegal a familias a la vera del arroyo El Gato, para ser trasladadas a pequeñas viviendas containers, y aseguró que se inició “un proceso de dialogo” y que se respetarán las condiciones de habitabilidad.

Tras la publicación de INFOCIELO sobre el procedimiento, denunciado por la Clínica Jurídica por el Derecho al Hábitat de de la Universidad Nacional de La Plata, el administrador del Instituto de la Vivienda, Pablo Sarlo, dijo que se tiene en cuenta la opinión de las familias y remarcó que “nadie impuso nada”.

Sin embargo, el procedimiento apareció cuestionado porque desde un principio, al informar la noticia, no se hizo partícipes a los vecinos en la toma de la decisión de la relocalización, situación que parece chocar con lo normado por la ley 14.449 de Acceso al Hábitat Popular que estipula “la participación efectiva de la población”.

Como se recordará, los vecinos representados por la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, señalaron que en el plazo de un mes desde el Instituto de la Vivienda los iban a relocalizar a “viviendas industrializadas de 20 metros cuadrados”, por el inicio de obras hidráulicas en la zona.

“De ninguna manera se puede tolerar que los quieran mandar a viviendas en la que estén hacinados, sin condiciones mínimas de habitalidad”, habían señalado a este portal desde la Clínica Jurídica por el Derecho al Hábitat que exigió la participación efectiva de los vecinos.

Ahora, en una reunión con quince familias, el Instituto de la Vivienda consignó que las viviendas industrializadas tendrán un módulo mínimo es de 21 metros cuadrados que se podría ampliar “de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada vivienda” El objetivo es que “aunque sean viviendas provisorias, permitan a las familias contar con condiciones dignas de habitabilidad”.

Como respuesta a este portal, desde el Instituto de la Vivienda remarcaron que las unidades “contarán con los servicios de luz, agua y cloacas” y expresaron que si bien el plazo para el traslado es de un mes, estará “supeditado a garantizar que las viviendas tengan todas las comodidades necesarias para lograr el convencimiento de las familias involucradas”.

Por otra parte, el titular del organismo sostuvo que en la última reunión “se escuchó a las familias” y aclaró que se están tomando en cuenta algunas de sus consideraciones “por lo que su participación “en la toma de decisiones está siendo considerada”.

El tralado de las familias forma parte de las obras de saneamiento, previstas en el Plan Integral para la Región Capital, tras la inundación del 2 de abril que preve la construcción de 120 viviendas y obras conexas para las personas que viven allí.

No obstante, la decisión de relocalizar a un pequeño grupo de familias antes de la finalización de esas viviendas se conoció la semana pasada. Desde la Clínica de la UNLP habían remarcado que si se pretende avanzar en el traslado debe haber acuerdo con las familias e "información sobre  los plazos de entrega de las casas definitivas".

En esa línea, Sarlo rechazó que esté vulnerado el derecho a la información, estipulado en la Ley de Hábitat. “Se le ha brindado toda la información solicitada respecto del proyecto de la construcción de las 120 viviendas financiadas de las obras del Arroyo del Gato, por lo que no se está vulnerando bajo ningún aspecto el derecho a la información".