Arrestos por la nueva ley contra los ilegales en Italia.

Un senegalés fue el primer detenido por el delito de clandestinidad.
ROMA.- Italia, en siglos pasados tierra de emigrantes que cruzaban el océano en busca de un futuro mejor, dejó de ser un país abierto a la inmigración.

En medio de fuertes polémicas, comenzaron ayer a registrarse los primeros arrestos y denuncias por el nuevo delito de inmigración clandestina, al entrar en vigor una controvertida ley de seguridad que también legalizó las denominadas "rondas", es decir, las patrullas populares que controlan el territorio. Fue un senegalés de 36 años el primer arrestado por el delito de "clandestinidad", en Sestri, balneario cercano a Génova.

El hombre se encontraba en la costanera junto con otros norafricanos que suelen vender mercadería falsa y que, al ver el control policial, se fueron corriendo. La escena se repitió en distintas localidades de la península, donde comenzaron a aplicarse las normas previstas en el polémico "paquete de seguridad" querido e impulsado por la xenófoba Liga Norte, socia del gobierno de derecha de Silvio Berlusconi.

La ley castiga la inmigración ilegal con multas de hasta 10.000 euros y con la expulsión inmediata. De hecho, los arrestos realizados ayer fueron a extracomunitarios que ya habían recibido mandato de expulsión.

La nueva norma también prevé hasta tres años de prisión para quien alquile una vivienda o un cuarto a un clandestino y para cualquiera que obtenga un "injusto beneficio" de inmigrantes sin permiso de residencia.

Además, amplía de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de acogida y obliga a los funcionarios públicos, salvo médicos y directores de centros educativos, a denunciar a los inmigrantes sin papeles que se encuentran en Italia.

El nuevo "paquete de seguridad" prevé, incluso, normas más rígidas para evitar los "matrimonios de conveniencia", que significaban la obtención más rápida de la ciudadanía italiana. Ahora, los dos aspirantes a esposos deberán convivir antes por dos años. Además, los extranjeros deberán exhibir su permiso de residencia para poder inscribir a un hijo en el registro civil. Para obtenerlo, hay un trámite más que engorroso: demostrar que tienen empleo fijo y que viven en viviendas aptas para ello, y además desembolsar 200 euros.

Del delito de inmigración serán excluidos el personal de servicio doméstico y badanti (cuidadoras de ancianos o niños) que trabajen en negro, que podrán ser regularizadas por sus empleadores a partir del 1° de septiembre a través de una contribución de 500 euros.

Como esto sucederá dentro de tres semanas, ayer reinaba gran confusión y temor entre el medio millón de mucamas y badanti, que se estima que trabajan en el país, y que corrían el riesgo de ser expulsadas.

El clima que reina en Italia es tal que Fatima Aitcardi, marroquí de 27 años, se suicidó ayer tirándose al río Brembo, cerca de Bérgamo, en el norte del país. La chica no tenía il permesso di soggiorno (permiso de residencia), y algunos de sus conocidos explicaron su trágico gesto con el miedo a la nueva ley sobre clandestinidad, según escribió el diario La Repubblica.

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