Arréstela, sargento, y póngale cadenas

Arréstela, sargento, y póngale cadenas
En la causa por la mafia de los medicamentos, el fiscal Germán Moldes reclamó ante la Cámara de Casación por las dudosas circunstancias en que fue liberada Paula Aballay, ex directora del Policlínico Bancario. El juez Oyarbide procesó ayer a Roberto y Fernando Loiácono.
El fiscal ante la Cámara de Casación, Germán Moldes, pidió ayer a ese tribunal que ordene nuevamente la detención de Paula Aballay, esposa del dirigente gremial Juan José Zanola. Moldes señala, en un escrito de veintidós páginas, que la libertad concedida a Aballay, cabeza del Policlínico Bancario, se dio en extrañas circunstancias por cuanto los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros recibieron el expediente de 4800 páginas a las 11.50 del viernes 15 de enero, último día en el que estaban de turno por la feria judicial, y en menos de una hora y media concedieron la libertad. Todo hacía suponer que la otra sala, la Sala II, que retomó sus labores el lunes 18, habría denegado la libertad de Aballay, como luego se comprobó cuando rechazó las libertades de Zanola, titular de la obra social, y de Susana Fionna, subdirectora del Policlínico Bancario. Ya Mariano Bergés, defensor de otra imputada en la causa de los medicamentos, había presentado una denuncia contra Freiler y Ballesteros por tráfico de influencias y corrupción. En forma paralela, el juez Norberto Oyarbide procesó ayer, con prisión preventiva a Roberto y Fernando Loiácono por el delito de asociación ilícita. A Roberto, que estuvo a cargo del Programa Nacional de Control del Cáncer, se lo acusa de favorecer a su hijo en la compra de medicamentos.

En su escrito, Moldes enumera las acusaciones contra Aballay y sostiene que, ahora, con la libertad recuperada, está otra vez a cargo del Policlínico Bancario, lo que implica que puede destruir pruebas y presionar a testigos. Es más, en el texto se cita una amenaza de Aballay contra un testigo de identidad reservada: "Ante esta orden, yo me negué. Empezamos a discutir y Aballay me dijo ‘sabés que te podés caer de la escalera’, me gritó que me callara y después me dijo que mi hijo y mi madre aparecerían muertos".

La causa de los medicamentos es instruida por Oyarbide y las apelaciones eran tratadas por la sala II de la Cámara Federal, integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah. En los primeros 15 días de enero, por la feria judicial, las apelaciones por excarcelación llegaron a la otra sala y, justamente, lo que señala Moldes es que resulta extraño el apuro en conceder la libertad a Aballay cuando era inminente el regreso de los camaristas naturales de la causa. En este punto coinciden Moldes y el ex juez Mariano Bergés, abogado de María Victoria Berisso, empleada de la droguería San Javier. La indignación de Bergés tiene que ver con que resulta inexplicable que Aballay, estando acusada de encabezar la asociación ilícita, esté en libertad, mientras su defendida, una simple empleada, sigue presa.

Todo indica que ahora la Cámara de Casación se pronunciará sobre el caso y, en especial, sobre la libertad de Aballay. En forma paralela, la Sala II de la Cámara Federal –que fue muy dura hasta ahora– deberá resolver sobre las excarcelaciones presentadas por los demás imputados presos.

El juez Oyarbide procesó ayer a los Loiácono. El padre argumentó que no tenía poder para favorecer a su hijo en las licitaciones por medicamentos oncológicos. Su abogado, Eduardo Barcesat, insiste en que Roberto Loiácono es un médico de prestigio y que tuvo un sumario en el Ministerio de Salud en el que resultó absuelto. Se lo acusó de compras a valores inflados, pero toda la diferencia encontrada en la auditoría fueron 35 mil pesos en una compra de 4 millones. Por eso, el sumario fue cerrado. Sin embargo, el juez insiste en que encontró una prueba de importancia en las escuchas a Néstor Lorenzo, titular de la droguería San Javier, la principal investigada por las maniobras de medicamentos. En una escucha, Lorenzo dice: "Fernando Loiácono deja acá 300 mil pesos y se lleva el resto". El magistrado concluye que es el resultado de una maniobra de sobreprecios concretada por Loiácono hijo. Respecto del padre, Oyarbide sostiene que, además, realizaba una auditoría en materia oncológica en el Policlínico Bancario y que ese trabajo era incompatible con su ubicación como responsable del Programa de Control del Cáncer en el Ministerio de Salud.

Comentá la nota