Ya son tres los que quieren que la investigación judicial de la supuesta coima de u$s 6 millones ventilada por Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón, llegue hasta “las últimas consecuencias”. Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena, ex vocales de la Sala II de la Cámara Penal, se presentaron ayer en forma espontánea en Tribunales, con la asistencia del abogado Arnaldo Ahumada, y se pusieron a disposición de la fiscala Adriana Giannoni (estaba ausente), que ha de investigar la versión por pedido de la Asociación de Magistrados de Tucumán. Una semana antes, Eduardo Romero Lascano, único juez que permanece en la Sala II luego del juicio oral del caso “Verón”, había hecho lo propio. En 2012, ese estrado absolvió a los 13 acusados en el caso de “Marita”.

Tanto Herrera Molina como Piedrabuena se jubilaron el año pasado después de pleitear para que el gobernador José Alperovich les aceptara la renuncia -en trámite estaba el pedido de destitución promovido por Trimarco-. Trajeados y formales como antaño (aunque Piedrabuena no llevaba corbata), los dos ex jueces dijeron que corresponde que la mamá de “Marita” regrese a la fiscalía y amplíe la declaración que dio el 30 de julio, luego de haber sido citada dos veces. “La reserva de la fuente no vale para ella. Trimarco no es periodista. En consecuencia, debe dar los nombres de quienes le dijeron que cobramos u$s 6 millones de parte de Rubén ‘La Chancha’ Ale y a cambio de dictar las absoluciones”, explicaron.

La semana pasada, la presidenta de la fundación María de los Ángeles había definido la investigación de Giannoni “como una pérdida de tiempo” y ratificado el trascendido de la presunta coima, asunto que suele comentar en sus contactos con los medios de comunicación. Si bien dijo que gente de Tribunales la había alertado sobre el asunto, se negó a dar nombres. “No voy a comprometerlos ni a ponerlos en riesgo. No soy una traidora”, dijo Trimarco.

Café de por medio en un bar de la zona de la plaza Urquiza, los ex magistrados insistieron conque tal negativa era inadmisible para una testigo obligada a decir la verdad y todo lo que sabe. “No estamos exigiendo que exponga a nadie porque es posible declarar con protección de identidad”, dijeron. Además, advirtieron que están decididos a esclarecer este hecho para siempre, como paso previo a solicitar una reparación integral para su honor y el del Poder Judicial. Y aseveraron que no estaban seguros sobre si a Trimarco le interesa que se sepa la verdad: “es evidente que el relato de la coima le da vigencia”.

La conversación luego derivó hacia los hechos de diciembre de 2012. Herrera Molina expresó que Trimarco jamás dijo una palabra sobre el presunto cohecho durante los casi nueve meses de juicio oral y en el pedido de destitución que presentó en la Legislatura (dicho proceso sólo sigue en pie respecto de Romero Lascano). “Tuvimos una relación respetuosa hasta la lectura del veredicto. Recién estalló cuando fallamos en contra de sus pretensiones porque teníamos dudas razonables. Pero no nos arrepentimos de las absoluciones que dictamos en el caso ‘Verón’”, afirmaron (luego, la Corte revirtió parcialmente ese fallo).

Alineación ostensible

Piedrabuena manifestó que los miembros de la Sala II fueron “castigados” por haber actuado con independencia. “No hay que olvidar que el fallo absolutorio dio pie a la presidenta (Cristina Kirchner) para plantear la necesidad de democratizar la Justicia. La persecución a los jueces independientes empezó por nosotros”, acotó. 

Con la perspectiva que da el año de retiro, Herrera Molina y Piedrabuena comentaron que ven “complicado” al Poder Judicial. “La comisión de Juicio Político de la Legislatura rechazó el pedido de destitución del fiscal multidenunciado Guillermo Herrera con el mismo argumento (que la causa seguía en trámite) que usó para condenarnos a nosotros”, matizó Piedrabuena. “Observo que la elección del ministro público (Edmundo Jiménez) no fue muy acertada”, comentó Herrera Molina. Y prosiguió: “no pasó un año desde que asumió y ya dio protección a quien no debía y, para colmo, se peleó con la Corte Suprema”.

Los ex jueces criticaron asimismo a la Asociación de Magistrados. “Es un papelón que haya denunciado al auditor (Luis Lezana Flores) del alto tribunal que analizó los casos objetados de Herrera”, expresaron. “Nunca se vio que 40 jueces abandonen la entidad”, opinaron. “Es evidente que está totalmente alineada con el titular del Ministerio Público. No hacen falta pruebas para darse cuenta de ello”, sentenciaron.