Los arrepentidos de las Felices Pascuas

El ex canciller dijo que no hubiera estado "en riesgo" la democracia si no votaban las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
A 25 años de la reinstauración de la democracia y 21 de que el Congreso sancionara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ambas impulsadas por el ex presidente Raúl Alfonsín, su ex canciller Dante Caputo arriesgó, en un algo polémico ejercicio contrafáctico, que “si no dábamos” esas leyes, los militares “no se hubieran animado”. Minimizó, así, la hipótesis, sostenida por el propio Alfonsín, de que esas leyes, sancionadas al calor de los levantamientos carapintadas de 1987, evitaron un golpe o, al menos, un intento de golpe de Estado.

Algunos de los legisladores radicales que entonces votaron en favor de las leyes, como Federico Storani, Jorge Vanossi (hoy macrista) y Adolfo Stubrin, cuestionaron la afirmación de Dante Caputo, con distintos grados de enojo hacia los dichos del ex canciller.

“¿Qué habría pasado si no dábamos las leyes?”, se preguntó a sí mismo Caputo. Y se respondió que, si bien “en la óptica de aquel momento sometíamos a riesgo la democracia, con la perspectiva de lo que pasó, probablemente no”. Contradijo, así, al propio Alfonsín, con quien trabajó desde los inicios de última dictadura militar, en marzo de 1976. El ex presidente, que asumió hace precisamente hoy 25 años, justificó más de una vez que “no podíamos llevar a mil militares en actividad a proceso”. Explicó, además, que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “salvaron la situación”, a partir de lo que, dijo, le “informaban los jefes del Estado Mayor leales sobre la situación de cada una de las fuerzas”.

Caputo, ex diputado y único ministro que cumplió todo su mandato durante la gestión de Alfonsín, actualmente es secretario de Asuntos Políticos de la OEA. Planea, además, volver al mundo de la política local en 2009, de la mano del proyecto del vicepresidente Julio Cobos.

Con tono algo crítico, el ex canciller aseguró ante el diario Clarín que “si usted tiene legitimidad política pone presos a los militares que tienen las armas”. Y se animó, al respecto, a revelar la “enorme enseñanza de 1983”: es decir que “creer en el canto de las sirenas de quienes ostentan el poder fáctico y económico es desprenderse del único poder real de un gobierno, el que otorga el pueblo”.

Detalló Caputo que antes de sancionada la Ley de Obediencia Debida, posterior al histórico juicio a las juntas militares golpistas, en 1985, “el señor (Aldo) Rico se rendía sin pelear”. Se refirió, así, a los levantamientos, que, en la Semana Santa de 1987, encarnaron un grupo de militares jóvenes, los “carapintadas”, encabezados por el teniente coronel Rico, flamante presidente del PJ de San Miguel con apoyo del kirchnerismo.

Los jefes militares no estuvieron dispuestos, entonces, a reprimir a los “carapintadas”. Más tarde, el 30 de abril, ante una Plaza de Mayo abarrotada de gente, convocada en rechazo al alzamiento, Alfonsín consagró su “la casa está en orden. Felices Pascuas”, con el objetivo de llevar calma. La frase, a la luz de la Ley de Obediencia Debida, sancionada en junio de 1987, devino sinónimo del doble discurso en la política.

La ley eximía de responsabilidad a los militares que, por debajo del grado de coronel, cometieron delitos durante el régimen militar por haber actuado “bajo coerción”.

La Ley de Obediencia Debida, junto a la de Punto Final de diciembre de 1986, fueron derogadas por ley en marzo de 1998. Más tarde, en agosto de 2003, ya con Néstor Kirchner en el gobierno, el Congreso anuló ambas leyes. Finalmente, en 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes, en línea con el fallo de 2001 del ex juez federal Gabriel Cavallo.

Ayer, entonces, a 21 años de que fueran sancionadas, el ex canciller Caputo aseguró que, de no haber sido promovidas por su ex jefe político, la democracia, que hoy mismo cumple 25 años, “no corría riesgos”.

OPINIÓN

“Una frivolidad”

Adolfo Stubrin (Ex diputado nacional y presidente de la Convención Nacional de la UCR)

La mayor contribución que podría hacer Dante Caputo es contar cómo vivió esa época. Lo que opina ahora sobre ese momento, sobre aquellas leyes, importa poco y sirve, más bien, para su posicionamiento político actual. Los ejercicios contrafácticos son útiles para el ámbito académico. Personalmente, recuerdo que el riesgo de alzamientos, de no haber sancionado las leyes, era importante, muy alto. La Ley de Punto Final la percibí, entonces, como una forma de resolver la negligencia judicial: buscaba imprimir velocidad a los procedimientos judiciales. La de Obediencia Debida, en cambio, la viví como un traspié, como una derrota política. Entonces, ya había pasado al Ejecutivo, lo que no me hizo menos responsable en su sanción, al contrario. Pero no quisiera lavarme culpas, ahora.

Que hoy Caputo diga que no fueron necesarias, cuando era canciller y tenía inserción política real en el gobierno de Alfonsín, la verdad, me parece una frivolidad de su parte.

“Leyes imprescindibles”

Jorge Vanossi (Constitucionalista y ex diputado nacional)

No comparto para nada la posición de Dante Caputo. Entonces, se analizaron los grados de peligrosidad, en caso de que no se sancionaran ambas leyes. Y se llegó a una conclusión en la que aún creo: esas leyes fueron imprescindibles. No era posible, entonces, dejar librada la institucionalidad del país a un riesgo de golpe, que realmente existía. Así, con la Ley de Obediencia Debida se resolvió concentrar la responsabilidad de los crímenes de la dictadura en las cúpulas militares. A pesar de no compartir del todo aquel espíritu, su sanción no equivalía a una amnistía general. Hubo graves hechos de insubordinación militar, que el propio Caputo, por su condición de canciller, no pudo ignorar. Recordemos, por ejemplo, al general Ernesto Alais, que nunca llegó a Campo de Mayo. Estoy convencido, además, de que Alfonsín no nos mintió en cuanto al riesgo que corría la democracia. De hecho, tengo la certeza de que, sin ambas leyes, hoy no podríamos estar celebrando libremente estos 25 años desde la vuelta de la democracia.

“Estuvo de acuerdo”

Federico Storani (Ex diputado nacional por la UCR)

Discrepo con Caputo que, además, estuvo de acuerdo en impulsar esas leyes ante un momento de crisis seria. Creo que se trata de un intento para justificar su postura de entonces. Más bien, le creo a Raúl Alfonsín en su argumento de que, de no haber sido sancionadas, se abría la puerta para que uno o más locos empezaran a los tiros y avivaran heridas del pasado.

De hecho, aún reivindico a muerte la política de Derechos Humanos de Alfonsín en su línea gruesa. Además, entonces se invocaban razones de Estado en base a información difícil de chequear. En ese momento, yo dije que votaba las leyes con náuseas, y así fue porque venía a la cabeza la imagen de los compañeros desaparecidos. La Ley de Punto Final establecía un plazo para presentar denuncias: era una forma de no prolongar la incertidumbre. Quizá, visto todo desde la actualidad, uno percibe que con la Ley de Obediencia Debida podríamos haber apechugado y ahorrarnos su sanción. Pero no era fácil; a diferencia de estos días que cazan leones en un zoológico.

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