La ley del arrepentido aprobada el jueves en Diputados le permitirá al ex secretario de Obras Públicas José López reducir su condena si implica en maniobras ilícitas a Julio De Vido, quien no tendría ese beneficio, en caso de quedar tras las rejas.

Se trata de un cambio al proyecto original con anuencia del Frente Renovador, que dejó al ex ministro de Planificación en una situación complicada, sobre todo porque un día antes había desconocido a su ex funcionario caído en desgracia, por hallarse con 8 millones y medio de dólares.

Si la ley es sancionada en el Senado, no podrán acordar beneficios por brindar información al juez “los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proyecto de juicio político de acuerdo a lo establecido a la constitución nacional”.

O sea, ex presidentes, miembros de la Corte y de los gabinetes no tendrán beneficios por sus confesiones, pero quienes hayan sido sus súbditos y esténj tras las rejas.

De Vido tuvo un jueves negro. Unas horas antes, la Cámara de Diputados había aprobado una resolución que habilitaba allanar sus domicilios, como finalmente ocurrió unas horas más tarde.

La secuencia de esta resolución pareciera avizorarle un futuro difícil. La impulsó el macrista Luis Tonelli, tras frustrarse un allanamiento a un departamento de De Vido, aun cuando el juez Luis Rodríguez no la había solicitado.

Sin hacer mucho ruido, Elisa Carrió logró que la resolución habilitara allanar “los domicilios” y no el departamento que ya habían visitados los policías, seguramente sin papeles a la vista.

Sorprendido, el viernes De Vido recibió a policías en su quinta de Zárate, un anticipo de lo que le viene.

Mucho más si habla López, a quien el Gobierno protegió en el Parlasur, cuando los kirchneristas quisieron echarlo y chocaron con la sorprendente resistencia de los legisladores de Cambiemos, liderados por Fabián Rodríguez Simón, “Pepín”, amigo personal de Macri.

Como arrepentido, López debería cuidarse de no mentir, porque lo pueden penar con entre 4 y 10 años más de prisión, pero nada se dice si obvia algunos detalles.

Por ejemplo, será difícil acusarlo de omitir algunas empresas que recibieron obra pública con Julio De Vido, como IECSA, propiedad de Ángel Calcaterra, primo de Macri y según el ex ministro, la tercera más beneficiada con licitaciones durante su gestión.

De eso quiere hablar Lázaro Báez cada vez que lo llama Sebastián Casanello, pero no le prestan demasiada atención.

En los corridillos políticos ya hablan de una cacería de no menos de 6 personas por corrupción kirchnerista, incluidas los hijos de Lázaro Báez y Aníbal Fernández, cuyo retorno de Inglaterra no está previsto y eso altera a Carrió. Lo quiere preso.