Arrendamiento de tierras: hay que postergar el debate

Por Osvaldo Barsky

El proyecto de ley que reforma la ley de arrendamientos y aparcería, de inminente debate en la Cámara de Diputados, altera profundamente la situación vigente en el país en relación con el desarrollo de la agricultura de contratos. Absorbida por el debate sobre las retenciones agropecuarias, la opinión pública no ha prestado atención a esta ley, que no ha sido debatida ni se ha tomado conciencia de su relevancia.

Esta propuesta supone que la legislación vigente favorece la concentración de la producción o el manejo inadecuado de los suelos. Pero, sobre todo, el proyecto se ubica en la perspectiva de "defender" a los arrendatarios frente a los propietarios, suponiendo la existencia de una relación de poder asimétrica en beneficio de estos últimos. Se desconocen así las profundas transformaciones sociales operadas en el agro pampeano, que ofrecen un panorama radicalmente distinto del que fundamenta el proyecto.

Las modificaciones de la ley 13.246 crearon profundas transformaciones que redujeron notablemente el sistema de arrendamiento "tradicional", a raíz de las sucesivas leyes de prórroga y congelamiento de los arrendamientos y las aparcerías vigentes hasta diciembre de 1968. De este proceso emergió un agro con unidades productivas mayoritariamente en manos de propietarios de distintas escalas.

La vigorosa expansión agrícola de las últimas décadas estuvo estrechamente asociada a la expansión de un nuevo sistema de arrendamientos con arrendatarios de mayor tamaño que captaron tierras de la numerosa capa de propietarios.

Si se trata de imponer más cambios, deben tenerse en cuenta estas nuevas circunstancias, para no afectar negativamente la flexibilidad de un sistema que no muestra conflictos relevantes en su funcionamiento. Las reformas que se han desarrollado últimamente en diversos países de la Unión Europea o en China han tendido a flexibilizar los sistemas de arrendamientos en términos de plazos y creciente decisión autónoma de lo contratantes. Similares situaciones existen en varios países de América latina.

Dirección contraria

El proyecto en cuestión avanza en la dirección contraria. Limita a 10 unidades económicas la superficie máxima que puede ser motivo de contratos por una persona física o jurídica, sola o asociada. Este límite varía según la legislación de las provincias. Ello deja fuera del marco legal a una parte decisiva de las unidades productivas que trabajan superficies superiores a las señaladas, que han producido una agricultura muy competitiva a escala internacional.

Esta propuesta puede provocar:

l Caída del valor de los arrendamientos y, por ende, de la tierra.

l A raíz de ello y de la prohibición de arrendar tierras, pasados ciertos límites, la creación de condiciones económicas que impulsen la compra de tierras en gran escala. Ello conduciría a una estructura agraria mucho más regresiva y rígida que la actual, concentrando la renta del suelo en un solo sujeto económico.

l La fijación de estos límites produciría un fuerte aumento de la informalidad en los contratos, lo que reforzaría los mecanismos de evasión fiscal.

Si lo que se busca es bajar el precio de los arrendamientos, existen distintas medidas destinadas a tal fin. Por otra parte, el incremento de la explotación agrícola con fideicomisos financieros de oferta pública generó tensiones en el mercado de tierras por las ventajas impositivas que mantienen. Estos procesos deben ser modificados para generar condiciones de igualdad con los arrendatarios de menor tamaño.

Otro tema relevante es la prohibición de los contratos accidentales y la fijación de la duración de los contratos en 5 años como mínimo. Notablemente, estas son medidas que benefician a los arrendatarios de gran tamaño, dado que la existencia de contratos accidentales afecta fuertemente su negociación en relación con el precio de los arrendamientos y, al mismo tiempo, eliminan mecanismos esenciales utilizados por los productores de tamaño pequeño y mediano, cuyos horizontes de inversión son siempre mucho más acotados.

Un tercer tema vinculado con la protección del suelo y el medio ambiente incluye numerosas medidas restrictivas para los arrendatarios, que, en realidad, deben formar parte de una futura ley de suelos. De aprobarse el actual proyecto, tendríamos la absurda situación de tener una parte de los productores, los arrendatarios, con severas restricciones, mientras que en las tierras trabajadas directamente por los propietarios ellas no existirían.

Estos son, por lo menos, algunos de los problemas importantes del actual proyecto. Dado el escaso debate que se ha suscitado al respecto, es imprescindible postergar su inminente aprobación y generar una intensa discusión pública dada su importancia para el futuro de la agricultura argentina.

El autor es investigador principal del Conicet

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