"Arreglar los Institutos de menores no da réditos políticos"

Carmen Argibay, ministra de la Corte, dice que no se hace nada para alejar del delito a los chicos. Reclama una ley para menores de 18 años. Y pide un plan al Gobierno. Su enojo con los medios.
La ministra Carmen Argibay, encargada en la Corte Suprema de Justicia de los asuntos de infancia, es la voz más autorizada del Poder Judicial sobre el drama de la violencia juvenil. Desde siempre enemiga de bajar la edad de imputabilidad de los menores -"no sirve para nada"-, la semana pasada sorprendió al declarar que los chicos detenidos en institutos pueden ser blancos móviles si se los devuelve a la calle. Fue en respuesta a las críticas que recibió un fallo de la propia Corte, que el martes impidió la liberación de un grupo de chicos de entre 14 y 16 años detenidos en uno de los institutos de la ciudad de Buenos Aires. En una charla con Clarín, Argibay se explica y se enoja con los políticos y con los medios de comunicación, que según cree la han puesto en el centro de "un tema que se ha magnificado". Para empezar, responde a las críticas que cuestionaron a la Corte por haber aceptado como legítima la vieja Ley de minoridad, de 1980, que permite mantener en el encierro a los menores de 16 años.

El problema es que el Estado tiene una responsabilidad y no se puede anular una ley (la de 1980) sin poner otra en su lugar. Punto dos: el doctor Emilio García Mendez (el que hizo el planteo), que es legislador, tiene que molestar a sus colegas para que cambien la ley. Punto tres: cuando una ley ha sido convalidada por el Congreso, como en este caso, ya no es más una ley de la dictadura, es una ley de la democracia.

Un problema que se plantea es que cada jurisdicción tiene su manual sobre el tema. ¿No hace falta un sistema homogéneo?

Claro que nos gustaría que haya una ley única, como hay un Código Penal único. Así es como debe ser. El sistema penal con respecto a los menores debería ser aplicable exactamente igual en todas las provincias.

¿Que ley que le gustaría?

Yo tengo ideas, pero no soy legisladora. Y formo parte de un tribunal colegiado. Además, nosotros estamos acostumbrados a no trabajar en abstracto. Trabajamos en casos concretos, sobre leyes concretas. Nuestra misión es examinar lo que hacen los legisladores y el Poder Ejecutivo. Esa es nuestra tarea.

¿Ustedes conocen la realidad de los institutos de menores?

Yo conozco la realidad de los institutos. Fui secretaria de un Juzgado de menores, fui secretaria de un Juzgado de Sentencia, Tutelar de menores. He recorrido todos los institutos. Incluso después, siendo juez de la Cámara del Crimen. Ha sido hace muchos años, pero sigo en contacto con los que trabajan en el tema y no dejan de contarme. Yo sé lo que pasa. Sabemos que a los Institutos de menores hay que mejorarlos, cambiarlos, hacerlos de nuevo. Pero lo que pasa es que cuando no se puede cortar la cinta y tener la foto, nadie hace nada. Arreglar un Instituto no da rédito político.

En muchos casos los encierran en calabozos...

Es terrible, son como presos. Pero dónde los ponemos. Eso es lo que yo quiero, una ley penal juvenil o llámenla Susanita, como quieran. Quiero una ley que resuelva qué se hace cuando entran en conflicto con la ley penal los menores hasta los 18 años, que son niños de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tenemos la imputabilidad fijada en 16 años para arriba, entonces de 16 a 18 van a tener que tener un régimen especial, y de 16 para abajo otro distinto. Yo no sé cuál es el régimen ideal o el Instituto ideal. Y quisiera que no tuviéramos chicos en conflicto con la ley penal, pero para eso tendríamos que tener un sistema de prevención de los organismos del Estado. Que empieza por la educación, por la alimentación, por darles un hogar como la gente, darles una atención como la gente. Cómo puede una criatura aprender a querer algo, si a él no lo quieren. Si uno se pone delante de un bebé y juega y le sonríe y le habla y lo atiende, ese bebe está estimulado y va a aprender. Si uno lo tiene sentado en la silla y lo único que el chico ve es una cara adusta que le mete la cuchara con el alimento y le limpia la boca así nomás y no le contesta las sonrisas o el llanto, no va a tener la misma formación y las mismas posibilidades. Desde chiquititos hay que atenderlos. Y eso es deber del Estado.

¿Eso es deber del Estado?

Está en la Convención de los Derechos del Niño y en la Constitución. Hay que hacer planes de inclusión social para los padres, darles vivienda, trabajo, educación, sistemas de salud, para que los niños no tengan el día de mañana problemas con la ley penal.

La reinserción es responsabilidad del Estado y tampoco se cumple.

Ese es el problema. Cuando nosotros decimos que la ley se tiene que cumplir, nos acusan de meternos a gobernar. Nosotros no queremos gobernar, lo que hacemos es decir que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con lo que se comprometió a cumplir. Si no, que no se comprometa.

Y si no, tampoco puede exigir.

No puede exigir, evidentemente. Le voy a contar una historia. Cuando se firmaron en Naciones Unidas los Pactos Internacionales, en los años cincuenta, se tuvieron que firmar dos pactos diferentes, uno sobre derechos civiles y otro sobre derechos sociales. Los países occidentales se comprometieron a cumplir el Pacto de los derechos civiles: libertad de expresión, libertad para elegir, perfecto. Pero el otro pacto, el social, ese dijeron que no, no podemos hacerlo, dar trabajo o casa depende del libre mercado. El otro lado del mundo hizo al revés. Dijeron nosotros le vamos a dar la casa a todos y trabajo. Pero los comunistas no firmaron el pacto de los derechos civiles. Ahí era el partido el que decidía. Por esa razón, los dos Pactos salieron por separado: por un lado los derechos civiles y por otro los sociales. Pero nosotros, Argentina, firmamos los dos Pactos. Y están en la Constitución. Entonces: si no vamos a cumplirlos, ¿para qué los firmamos?

¿Cómo ve a la sociedad parada frente a esto? ¿Por qué habló de una sociedad esquizofrénica?

Porque tenemos una sociedad que es esquizofrénica. La sociedad está queriendo cada vez más matar a todo el mundo, en vez de incluir. Y el periodismo está fomentando todo esto.

¿Se refiere a la cobertura del crimen del ingeniero Barrenechea?

Ese es uno de los temas que más me tiene precoupada. Veamos ese caso. ¿Cuántos eran? Parece que eran cien mil. ¿Todos estaban metidos? Que Brian, que Kitu, que el otro. yo ya perdí la cuenta, ya llevo como cinco o seis detenidos. Tengo la sensación de que hay alguno de más. Punto dos: a Kitu ¿quién lo encuentra? Sus vecinos. La policía no lo encuentra. Y sus vecinos lo entregan. ¿Qué pasa?

¿Pregunta para quién trabaja?

¿Para quién trabaja este pibe? Si la policía no lo encuentra, es porque lo está protegiendo. Y si lo está protegiendo, es por algo. Dos más dos son cuatro. Todavía no han logrado convencerme que son tres. Si la policía lo protege y el pibe sale a robar y no se hace rico, para quién trabaja. Los cafishios de los pibes son los que lo mandan a robar. Y los explotan porque saben que son menores y aún con esta espantosa ley, los menores tienen ciertas ventajas.

Usted culpa al periodismo, pero los medios muchas veces se hacen eco de lo que dicen los funcionarios. El ministro Carlos Stornelli (de Seguridad bonaerense) se refirió a uno de los sospechosos del crimen de Barrenecha como un "peligrosísimo delincuente"

Sí, es un lenguaje absolutamente inadecuado y me extraña que lo use el ministro Stornelli, que es un hombre que proviene del Poder Judicial. Porque nosotros llamamos delincuente a una persona que ha sido condenada. No por los medios, sino en un juicio.

¿Cree que hay mucha condena en los medios?

Hay muchísima condena en los medios. Es terrible. Y además fogonean. Y entonces la gente dice porque yo lo vi en los diarios, porque yo lo vi en televisión...

Quizás esa "condena" responda a la poca condena que hay en la Justicia. ¿No hace un poco de autocrítica?

Nosotros en el fallo (del martes pasado) hemos dicho: al Poder Ejecutivo que se ocupe de los institutos, a los legisladores que legislen y a los jueces de menores que controlen.

Pero los jueces no van a las cárceles.

Los jueces de menores van y los defensores de menores van mucho y se preocupan. ¡Y cómo! Claro que hay algunos que no, pero la mayoría sí se ocupa. La Defensora general ha llamado la atención de algunos. Yo recibo todos los meses infomes de los defensores de menores sobre lo que ven en las cárceles. Pero ojalá pudiéramos hacer las cosas más rápido. Y tener imaginación para poner a estos chicos en una situación de protección, pero que no tengan que estar encerrados. De repente, en una familia hay problema con uno de los chicos, al que los padres no pueden manejar. Pero de repente hay un tío que sí lo puede manejar, por sintonía o por lo que fuera. ¿Por qué no se lo podemos entregar al tío? Eso pasa en cualquier familia. Yo tengo una familia muy larga y de repente uno se siente mejor con uno que con otro. Entonces por qué se lo voy a dar a los padres si no lo pueden manejar y el tío lo quiere y lo puede manejar. Los jueces pueden hacer eso, pero a veces no se animan. Porque está la crítica, que los padres son sagrados, etc.

A qué se refirió cuando la semana pasada dijo que los chicos de los institutos corrían peligro si eran liberados? Habló de gatillo fácil.

¿Acaso no hay gatillo fácil? Todo el mundo lo sabe. Y gatillo fácil es la policía...

¿Infiere que casi todos estos chicos trabajan para la policía?

Yo infiero que casi todos estos pibes están marcados por la policía. Unos trabajan para la policía y los protegerán hasta el día que el pibe abra la boca y ahí lo matan. Hay que sacarlos del barrio, usar algún sistema tipo testigo protegido, cambiarles el nombre..

Pero acordar eso es imposible si los jueces no tienen una buena relación con el Ejecutivo.

Exactamente. Y si el Poder Ejecutivo no tiene un buen programa. Pero la pregunta es: ¿quiere el Ejecutivo tener un buen programa para los chicos que declaran en contra de la policía que depende del Poder Ejecutivo?

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