Arrecian los planteos contra la designación de jueces interinos

Abogados solicitaron el dictado de una medida cautelar en contra de la Ley 8.136. Iriarte invocó el derecho de contar con una Justicia idónea, independiente e imparcial. Adhesión desde Buenos Aires. Perjuicio
Un verdadero asedio judicial experimentó ayer la Ley 8.136, que habilita a los poderes políticos a que designen directamente jueces interinos sin un procedimiento de selección que permita corroborar la idoneidad de los postulantes a cubrir las vacantes que hay en Tribunales. Tres acciones fueron interpuestas en la Cámara en lo Contencioso Administrativo con el afán de que la norma sea declarada inconstitucional. En todos los casos, se ha solicitado preventivamente el dictado de una medida cautelar que prohíba el nombramiento de magistrados provisorios.

El primero en promover una acción declarativa de inconstitucionalidad fue el abogado Luis Iriarte, cuya presentación recayó en la Sala I de la Cámara. Argumentó que la norma le causa un “grave perjuicio” en su carácter de ciudadano y de letrado auxiliar de la Justicia. “Para el ejercicio (de la abogacía) es esencial contar con jueces designados conforme a las pautas constitucionales que exigen selección de magistrados por idoneidad acreditada mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, de acuerdo con la Constitución provincial vigente”, justificó.

Además de haber invocado los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que garantizan el derecho de contar con jueces idóneos, independientes e imparciales, el abogado cuestionó con firmeza que la Ley 8.136 haya declarado en emergencia al Poder Judicial. Destacó que esto vulnera el principio de división de poderes. “El Poder Legislativo ha usurpado facultades que sólo corresponden ejercer a la Corte Suprema, único órgano cabeza del Poder Judicial dotado por la Constitución de facultades de superintendencia”, argumentó.

Más argumentos

Por separado, los abogados Guillermo Avila Carvajal y Félix R. de la Peña dedujeron una acción de amparo, que ingresó a la Sala II, actualmente de turno. “La Ley 8.136 no tiene otro objeto que la de delegar en la persona del gobernador, sin ninguna clase de control, la facultad de constituir el Poder Judicial, lo que se encuentra vedado por el artículo 29 de la Constitución nacional (prohíbe la suma del poder público)”, esgrimieron.

A la presentación se adhirieron Clímaco Dermidio de la Peña -con un fuerte escrito- y desde Buenos Aires, con el patrocinio letrado de Bernardo Lobo Bugeau, también lo hizo Ricardo Monner Sans, de la Asociación Civil Anticorrupción. “Como eventual aspirante a la judicatura, pretendo la aplicación del procedimiento limpio y digno del concurso público, contemplado por las Constituciones nacional y provincial”, aseveró De la Peña.

Asimismo, Antonio Enrique Díaz, abogado del sur de la provincia, también con el patrocinio de Lobo Bugeau, interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley 8.136, y solicitó que su presentación sea acumulada con la de Avila Carvajal y de De la Peña.

Comentá la nota