Arrancó el debate por la reforma del sistema penal juvenil

Arrancó el debate por la reforma del sistema penal juvenil

La primera mesa de trabajo discute la baja de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Según el ministro Garavano, la postura del Gobierno no está cerrada.

Con la primera mesa de trabajo, arrancó ayer el debate del proyecto de reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil que el Gobierno quiere enviar al Congreso para definir, entre otros temas, la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Más de 190 personas, entre representantes de Unicef, Sedronar, Defensoría del Niño, jueces, fiscales, diputados, senadores, y representantes del área de salud, educación y desarrollo social nacional participaron del encuentro y más de 2000 mil personas enviaron aportes a través de la plataforma de gobierno abierto; Justicia 2020.

“Hay que adaptar la vieja ley de la dictadura a las legislaciones nuevas que reconocen más derechos, hacen un abordaje integral de la problemática y prohíben el abuso del Estado. La idea es generar un proyecto de ley con consensos amplios ”, dijo Garavano, quien si bien en declaraciones públicas defendió la baja de imputabilidad a los 15 años, ayer aseguró que la postura del Gobierno no está cerrada y que se dará a conocer cuando concluyan las ocho mesas planificadas para febrero.

Ayer, el eje temático fue el “abordaje temprano y prevención”. Específicamente, el sistema de atención temprana y el fortalecimiento de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La imputabilidad de los menores será el tema de la última reunión.

“Para tener un pronunciamiento sobre el tema vamos a esperar que terminen las mesas de trabajo. Por respeto es lo que corresponde, pero además legítimamente estamos abiertos a aprender y nutrirnos de la mirada de todos los sectores y actores. Esta discusión se debe dar sin condicionamiento”, dijoel ministro a los medios.

A su vez, aclaró que “el deber del Gobierno es establecer cuál es el régimen de punibilidad, cuáles son las normas del código penal en relación a los jóvenes que cometen delitos, pero que no puede avasallar lo que es competencia de las provincias”. Según indicó, salvo para casos que involucren armas de guerra, trata de personas, drogas y contrabando, “la mayor parte de los delitos que cometen los jóvenes son competencia de las administraciones de justicia provinciales”, al igual que los institutos donde los jóvenes son internados, dependen de las jurisdicciones locales.

Los temas que se tratarán en las próximas mesas son justicia especializada; medidas alternativas a la privación de libertad, medidas alternativas al proceso, y medidas restaurativas; delitos y sanciones acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño; condiciones de detención que fomenten la reinserción. También se discutirá el sistema de articulación permanente intersectorial y los recursos y el sistema de información. La mesa final será la más controvertida: la imputabilidad de los menores.

Es así que recién en las primeras semanas de marzo, aseguró Garavano, habrá una puesta en común del trabajo realizado y una conclusión de la que se podrán conocer los lineamientos que tendrá el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Entre las ideas que se barajaron ayer, el diputado radical por Mendoza, Luis Petri, remarcó la importancia de crear protocolos de actuación a nivel federal para atender a jóvenes en situación de vulnerabilidad, violencia o amenaza. Mientras tanto, Damián Muñoz, de la Defensoría General de la Nación, señaló la necesidad de que la “discusión esté enmarcada en la mirada de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Riad)”.

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