Desde el ejecutivo porteño informaron que realizaron un pedido formal a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables para iniciar el proceso de traspaso del puerto de Buenos Aires al ámbito de la Ciudad. Se conformará una comisión especial entre Nación y Ciudad para resolver cómo se transferirán los recursos.

La instancia formal para el traspaso del puerto comenzó con una carta a modo de pedido formal que el Gobierno porteño envió a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Desde Nación acordaron con la Ciudad conformar una comisión especial que se encargará de definir el traspaso en forma gradual. Además, para concretarlo, la Legislatura porteña debe sancionar una Ley de Puertos y definir sus límites sobre el río.

Desde la Ciudad aseguran que la Administración General de Puertos(AGP), que tiene a cargo el gerenciamiento del mismo, ha cumplido aceptablemente con su rol. Sin embargo, exigen que se normalice esta sociedad que está intervenida, para que sólo se circunscriba a la Ciudad, salvo algunos intereses tales como la conexión acuática, que deberían seguir en Nación. Lo que busca la Ciudad es el 100% de los ingresos del puerto, que según fuentes oficiales aporta recursos por $ 1.000 millones anuales, y en 2016 dejó un superávit de $500 millones.

Si bien el traspaso del puerto a la Ciudad fue un tema aplazado durante 2016, en agosto ya adelantaba un conflicto Fernando Galetto, representante de la Ciudad ante el Consejo Federal Portuario (CFP), un nuevo organismo consultivo creado por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que entre sus funciones está “analizar y promover” la posible cesión del puerto capitalino a las autoridades locales, pero que hasta el momento sólo dilató la discusión.

Galetto explicaba a este medio que “hay reuniones constantes con el ministro Dietrich, pero no es algo sencillo”. Confesó que “encontramos mucha resistencia de los trabajadores, porque tienen el temor de que se transforme en otro Puerto Madero”. También señaló que “trabajan en el Puerto unas 9.000 personas en forma directa, además de los que realizan logística o despachantes de Aduana”.

En ese entones, comenzaron a circular versiones sobre la resistencia de Dietrich de mantener el puerto en la órbita de la AGP y relicitar las concesiones de las terminales portuarias porteñas que vencen en 2019. Hay quienes sostienen que es gente cercana a Dietrich la que alimentaría los rumores de rechazo a una medida que es inevitable.

La AGP está a cargo de Gonzalo Mórtola, hombre de confianza del ministro Dietrich, que buscaría extender la concesión de los contenedores, para lo cual contrató en enero a la consultora española Indra para que se haga cargo del concurso para dicho proceso.

Una las firmas a cargo de las terminales es TRP (Terminales Río de la Plata), que opera la concesión de los diques 1, 2 y 3 del Puerto Nuevo de Buenos Aires (430.000 m2) desde 1994 hasta 2019, y forma parte del grupo DP World, con sede en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), 1 de los 3 mayores operadores portuarios del mundo. La empresa ya anunció que invertirá unos $ 200 millones en los próximos meses.

Por sus instalaciones -prácticamente una ciudad dentro de la Ciudad de Buenos Aires-, pasan unos 2.000 camiones y se mueven 1.000 contenedores por día, incluyendo 2 estaciones ferroviarias: la del Belgrano Cargas (que lleva y trae mercaderías al Norte y al Oeste del país), y Ferrosur Roca, que llega a la Patagonia.

El traspaso del puerto fue uno de los reclamos que realizó ECO, espacio de Martín Lousteau en la Ciudad y en el cual seguramente podrá el ojo este año. Hernán Rossi, jefe del bloque radical, aliado al actual embajador argentino en los Estados Unidos, Suma+, destacaba que “desde la sanción de la Ley 24.093 en el año 1992, la explotación y administración de la totalidad de los puertos del país, que hasta el momento estaba en manos del Estado Nacional, han sido debidamente restituidas a sus originarios titulares: los gobiernos provinciales. No obstante, y, a pesar de estar expresamente contemplada la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de su puerto no se ha llevado a cabo hasta la fecha”.

Asimismo, luego de la reforma constitucional de 1994 que le dio autonomía a la Ciudad, “los vecinos de Buenos Aires tienen los mismos derechos que los vecinos de cualquiera de las restantes provincias, y la vigencia y reconocimiento de esos derechos no debe depender de que la Ciudad sea o no asiento del gobierno federal. Hasta la fecha, no se han verificado medidas concretas ni avances visibles tendientes a la recuperación del Puerto de Buenos Aires”, agregaba Rossi.