Se armó un despelote

El gobernador Maurice Closs dijo que en el caso de las escuchas telefónicas que involucra a dos jueces misioneros "hay que tomar el tema con responsabilidad", e instó a los funcionarios judiciales a que colaboren con las pesquisas que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide.
Para el presidente del Colegio de Abogados, Rodrigo Bacigalupi "las conductas de los magistrados deben ser investigadas y sancionadas" si fueron ordenadas sin una justificación razonable". El abogado insistió en la urgencia en que cambie la estructura judicial de la provincia. El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados no pudo avanzar en el análisis del pedido de desafuero de Horacio Gallardo y José Luis Rey.

El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de Misiones se reunió este viernes para analizar el pedido de desafuero formulado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien pretende indagar a los jueces de Instrucción Horacio Enrique Gallardo y José Luis Rey en la causa por el espionaje telefónico a dirigentes políticos, empresarios y abogados. El órgano de remoción no pudo avanzar mucho, ya que hasta el momento sólo ingresó un fax con el planteo del magistrado porteño.

Posadas (Línea Capital). "Se armó un despelote con esto de las escuchas. Hay que tomar el tema con responsabilidad. Los misioneros no podemos negar un tema que se instaló en el país", con esas expresiones el gobernador Maurice Closs, volvió a exhortar a los jueces de la provincia -en el tema de las escuchas

telefónicas- a que colaboren con la pesquisa.

Mientras se especula que no prosperaría el pedido de desafuero de los magistrados locales, realizado por su colega federal porteño Norberto Oyarbide, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigalupi, señaló este viernes que "las conductas de los jueces que ordenaron las escuchas deben ser investigadas y sancionadas en el caso que se determine que fueron ordenadas sin una justificación razonable. Hay que entender que para realizar una investigación, no se puede violentar la ley, es decir que para tratar de dilucidar un ilícito, no se puede cometer otro ilícito. Por lo tanto, nuestra postura es que se cumpla la ley y estos magistrados deben ser investigados y sancionados si correspondiera. Como cualquier ciudadano que viola una ley, los jueces están bajo el marco de esa ley, y el que se salga de ella, debe ser sancionado. Ese es el ABC de nuestro sistema jurídico", reiteró.

El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de Misiones se reunió este viernes para analizar el pedido de desafuero a los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey para que sean indagados por Norberto Oyarbide, pero no se pudo avanzar en el análisis y definición porque hasta el momento sólo ingresó un fax con el planteo del magistrado federal, que fue considerado "insuficiente" porque "no reune las condiciones exigidas para iniciar el proceso de remoción de un juez de la provincia", es decir, que la solicitud esté firmada por un ciudadano de Misiones. De la reunión del Jurado participaron su presidente, Rubén Uset, Humberto Schiavoni, Cristina Leiva, Roque Gentile, José Garzón Maceda, Gustavo Staude y Carlos Bobadilla.

Al respecto, aunque Bacigaluppi admitió que no conoce los fundamentos de la presentación, afirmó que si lo hizo Oyarbide, "le veo el inconveniente de que nuestra Constitución Provincial -y esto también hace al conocimiento de las leyes- como la norma que reglamenta el Jurado de Enjuiciamiento, exige que quién presente un pedido de jury debe ser un habitante de Misiones; por lo tanto si lo hizo el juez porteño, es claro que debe ser rechazado por el sólo hecho de que incumple un requisito previsto en nuestra Constitución", remarcó.

Para Bacigaluppi, existe un colapso en los Juzgados de Instrucción en Posadas, y recordó que por ejemplo en el ámbito penal, hay un juez para tres Juzgados, "y si precisamente a raíz del trabajo que implica a tarea, se llegaran a enfermar dos (algo que suele suceder) queda un sólo juez para tres Juzgados, así que imagínense la cantidad de detenidos que a diario son puestos a disposición del magistrado, que debe intervenir en las tres dependencias para determinar la excarcelación o mantener a esa persona privada de la libertad con todos los casos de homicidio que lamentablemente ocurren en nuestra ciudad. Los jueces no dan abasto y se ven superados, entre el 80 y 90% de las causas quedan paralizadas y quedan en nada", lamentó.

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