Ariznabarreta adelantó su apoyo al proyecto impulsado por el Poder Judicial

El Defensor Público reconoció tener diferencias con la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, dado que no coincide con los plazos procesales que allí se especifican y adelantó que en el escrito que giró el Poder Judicial a los legisladores, se hace hincapié en el respeto por las garantías procesales. Concuerda, al igual que sus pares, en la necesidad de ampliar el sistema judicial, con la incorporación de nuevos fiscales que aseguren la puesta en marcha de estas modificaciones en el Código Procesal Penal.
El parlamento avaza en el debate vinculado a la posibilidad de incorporar modificaciones del Código Procesal Penal con el objetivo de agilizar los plazos procesales en los casos comúnmente denominados "in fraganti". En ese sentido, ingresaron en la Legislatura, dos proyectos: uno de ello fue presentado por el actual Jefe de Policía, Walter Papa y el otro posee como autor al Poder Judicial.

En este escenario se conocieron declaraciones radiales del Defensor Público y presidente de la Asociación de Magistrados de Tierra del Fuego, Gustavo Ariznabarreta quien sostuvo que la Flagrancia en general ha sido útil en muchos lugares del país.

No obstante marcó ciertos puntos a resolver antes que la Ley de Flagrancia sea puesta en marcha y sobre el tema indicó que "se presentan inconvenientes operativos, es decir, se necesita otra estructura judicial. Y otro problema es básicamente penitenciario"

Y lo argumentó al decir que, seguramente, se incrementaría el número de personas que serán condenadas, es decir, si se lo compara a la actual situación carcelaria.

"Esto causaría un estrangulamiento importante en la capacidad de respuesta que da el servicio penitenciario, que no posee tanta capacidad de alojamiento de personas. Y un Juez debe prever las condiciones de alojamiento, y la prestación de las condiciones carcelarias" sostuvo.

Por otro lado, si bien reconoció estos dos puntos como temas a resolver, sostuvo que se debe trabajar para preparar el "terreno" y no "cerrar las puertas" ante este tipo de modificaciones al sistema penal.

Y concretamente sobre el proyecto impulsado por el Ejecutivo, adelantó que posee ciertas reservas pero tampoco está en contra de la iniciativa gubernamental. "Esas reservas las hemos analizado en el Superior Tribunal y también se han expresado en las reuniones que se realizaron en el marco de las comisiones de Seguridad y Legislación General de la legislatura", remarcó el Defensor Público.

Asimismo detalló que entre los puntos cuestionables, se ubican los "plazos" procesarles, es que el proyecto del ejecutivo, según dijo, se plantean plazos muy cortos, y que son imposibles de llevar a cabo con los recursos que actualmente posee la Justicia.

Por otro lado, "hay una cuestión que tiene que ver con las garantías procesales. No podemos hablar de derecho penal sin tener en cuenta las garantías" afirmó el letrado.

Adelantó que desde la Justicia se propone que la flagrancia sea dictada por un Fiscal, "ese fiscal trabajaría fuera de instrucción, como un Juez de Garantías". En tanto especificó que se pretende que el proceso de Flagrancia, dure aproximadamente 40 días, y para ello es necesaria la creación de nuevas Fiscalías.

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