Los argentinos gastan más de $ 10.000 millones por año en seguridad privada

Los argentinos gastan más de $ 10.000 millones por año en seguridad privada
Para cubrir las políticas públicas insuficientes, la población mantiene con su bolsillo a un ejército de 200 mil vigiladores. En la zona metropolitana, hay tres agentes privados por cada policía. Estar seguros es un negocio.
Salvo para sus víctimas, el miedo es un gran negocio. Especialmente para las 800 empresas de seguridad privada e investigaciones que operan en todo el país. Según fuentes de las cámaras que los agrupan, llegan a facturar unos 800 millones de pesos por mes y casi 10 mil millones al año, la misma cifra que está prevista en el presupuesto nacional para todo el sistema penal, de seguridad interior y de inteligencia que, para todo 2010, prevé un gasto total de 9.892 millones de pesos. Es decir que el dinero que embolsan estas empresas supera a las erogaciones públicas para el sostenimiento del Sistema Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y los pocos gastos que blanquea el presupuesto argentino para la Secretaría de Inteligencia, cuyo presupuesto total ha sido siempre un enigma. Eso no es todo: la facturación anual del negocio de la vigilancia privada supera en 1.900 millones a todo el presupuesto previsto para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en 2010 y es casi idéntico a toda la partida prevista para financiar el sistema de salud pública.

La facturación concentra por año una cifra que, en dólares estadounidenses, equivale a la friolera de 2.600 millones de billetes verdes para un negocio que registra un promedio de crecimiento anual del 4% en forma sostenida, aunque en sus mejores épocas, como en 2001, llegó al 9%, una tasa de desarrollo envidiada por muchas actividades industriales de la Argentina.

Semejante número es posible gracias a un silencioso ejército de 200 mil vigiladores privados que trabajan un mínimo de 10 horas diarias y que custodian los bancos, edificios, empresas, consorcios, barrios, countries, depósitos y plantas industriales de todo el país junto a las fuerzas estatales de seguridad. De los 200 mil efectivos, que cobran un salario promedio de 1.500 o 1.600 pesos mensuales, el 25% es ilegal, es decir que en todo el país hay unos 50 mil agentes privados que reportan a una estructura de seguridad paraestatal que elude los controles del Estado, algo muy similar a una dimensión desconocida del control armado.

Sin embargo, la ausencia de contornos claros para una fuerza paralela a la autoridad estatal encierra datos aún peores. Sólo en el área metropolitana, es decir la zona compuesta por Capital Federal y Gran Buenos Aires, hay entre dos y tres vigiladores privados por cada policía. Según los últimos datos oficiales, la Policía Federal cuenta con 41.600 efectivos repartidos en todo el país. De ellos, más de 30 mil están apostados en los 203 kilómetros cuadrados de la ciudad. En el caso de la provincia de Buenos Aires, su tropa supera los 80 mil hombres, pero el 60% de su estructura está concentrado en los tres cordones del conurbano bonaerense.

En esa zona, también está concentrada la mayor cantidad de agentes privados. De acuerdo a estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que agrupa al 95% de toda la actividad, en provincia de Buenos Aires está el 46% de toda la tropa legal y en negro, es decir, unos 92 mil hombres uniformados de 100 maneras distintas. En la ciudad opera el 36% del total nacional, una cifra cercana a los 72 mil vigilantes legales e ilegales. Las cifras arrojan una comparación preocupante para toda el área metropolitana: hay 164 mil vigilantes frente a 78 mil policías federales y bonaerenses, es decir, dos agentes por cada efectivo estatal. El resto del negocio está repartido en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, con porcentajes que varían entre el 8% y el 10% del total.

EL LADO B DE LA TROPA. Para los empresarios de la seguridad privada existe una competencia inexpugnable y nichos de negocio por conquistar. En el caso de los competidores, el problema no está en las fuerzas estatales, sino en las 2.500 garitas que están repartidas en el conurbano. "Aunque venimos haciendo controles conjuntos con el Ministerio de Trabajo, en ellas se concentra la mayor parte de los vigiladores que trabajan en negro, ya que son protegidos por los intendentes del conurbano que no nos dejan inspeccionar", acusa Aquiles Gorini, presidente de la CAESI. Hay millones de razones para la crítica y todas son contantes y sonantes. En todo el país hay 780 countries y barrios privados, pero sólo en los tres cordones del conurbano hay 500. "Se trata de un nicho de negocio fluctuante que, gracias a la crisis, reduce la dotación de personal", admite Gorini. Sin embargo, la polémica y cuestionable construcción social sobre "la sensación de inseguridad" debería cotizar en bolsa. Todos los empresarios consultados por este diario admitieron que, "aunque la crisis impacta en el negocio, la variable más importante es la percepción de inseguridad, algo que varía con cada crimen resonante". La frase refleja la compleja relación entre el miedo y la difusión mediática de los casos. Nada es casual. Para el negocio de la seguridad privada, el miedo puede más que el bolsillo y para 2010 se espera un crecimiento superior al cinco por ciento. En el caso de los medios, la amplificación del espanto es un recurso que todavía no está tarifado, pero para el ejército silencioso la difusión del miedo es todo ganancia. Un negocio sin precedentes, menos para las víctimas.

UNA ACTIVIDAD QUE NO ESTÁ REGULADA POR NINGUNA LEY FEDERAL. La seguridad privada es un negocio exorbitante en todo el mundo, pero en la Argentina no existe una ley federal que la regule. Sólo existen normas provinciales y si una empresa quiere operar en todo el país, debe sacar licencias en cada jurisdicción, un recurso directamente proporcional a su capacidad de lobby, pero también, el mayor obstáculo para saber cuántas empresas hay. Controlarlas, resulta un debate crucial pero olvidado. La última vez que se discutió la necesidad de fiscalizarlas fue luego del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Desde el 25 de enero de 1997, la empresa de seguridad Brides, del empresario telepostal Alfredo Yabrán, quedó al desnudo. Allí trabajaban varios torturadores perseguidos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se habían refugiado en la zona gris de la falta de control. La idea no era nueva. Antes del golpe militar de 1976, el Batallón 601 del Ejército había creado las empresas de seguridad Magíster y SIDIP, dos cuevas que operaban bajo órdenes del temible general del Ejército Otto Paladino. La patota era comandada por el torturador Aníbal Gordon junto a Eduardo Alfredo Ruffo, José Miguel Save y el Indio Castillo, entre otros.

El dato confirma una vieja tradición que sigue presente: los expertos en seguridad privada provienen de las policías y de las tres fuerzas armadas. El caso más reciente es el ex comisario de la Federal Jorge "El Fino" Palacios, dueño de Strategic Security Consultancy y socio de ARPA, las dos oficinas donde diagramó la estructura de la actual Policía Metropolitana, la fuerza de la que fue jefe antes de su estreno. Ahora el otrora hombre fuerte de la federal esta preso, pero la Justicia ya determinó que el espía Gerardo Ciro James, encarcelado por escuchas ilegales, se comunicaba con teléfonos de esas dos empresas.

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