En medio de denuncias por negocios incompatibles con su función, sobresueldos y contrataciones irregulares, Gerardo Nelson Posadas renunció a la vicepresidencia del Enreja (Ente Regulador de los Juegos de Azar) de Salta. Las acusaciones también involucran al Presidente, Sergio Mendoza; y al tercer Director, Abraham Restom.

El funcionario que abandonó su cargo es socio del diputado nacional Fernando Yarade en Consultora Pluss y ambos trabajan en Inversora Juramento, la empresa agropecuaria que encabeza el titular del Banco Macro, Jorge Brito. Su participación en estos negocios consta en documentos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores.

Posadas había negado su relación con Consultora Pluss en declaraciones a Radio Salta. Sin embargo, el lunes presentó su renuncia tras semanas de cuestionamientos por falta de transparencia.

Yarade se desempeña como síndico titular y Posadas como auditor externo, al igual que otro socio de Consultora Pluss, Ricardo Améstica. La situación se expuso en un informe que publicó El Tribuno el 24 de junio. Los cargos de los tres directores del Enreja tienen el sueldo más alto de la administración pública y exigen dedicación exclusiva.

Desde el ente confirmaron a El Tribuno que Posadas será reemplazado por María del Carmen Cainelli, que se desempeñaba como coordinadora del organismo. Sobre la renuncia de Posadas, dijeron que obedeció a “cuestiones personales”. Sin embargo, trascendió que las denuncias que se conocieron en las últimas semanas habían generado un clima de fuertes tensiones internas.

Enreja debe controlar el negocio del juego, que hasta 2010 movía cerca de $ 250 millones (U$S 45.595.502) anuales en tragamonedas y juegos de casino. Quien era el Vicepresidente del ente hasta hace días también está implicado en el cobro de sobresueldos. Una investigación de este medio publicada el 8 de julio reveló que, tanto Posadas como el Presidente y el Director del Enreja, percibían montos en negro de $ 9.500 (U$S 1.732), además de sus remuneraciones. Con esta maniobra, superaban los haberes máximos permitidos en la administración estatal, de $ 20.000 (U$S 3.647), y evadían el pago de Ganancias a la AFIP.

Las autoridades del Enreja también están sospechadas por la contratación irregular de la empresa Argenlink S.A. por $ 3.500.000 (U$S 638.337) para implementar un sistema de control on line de tragamonedas.

De acuerdo con una presentación que hizo el abogado Carlos Saravia, el ente concedió el servicio a la citada firma en forma directa en 2009 y evitó la licitación con el argumento de que era urgente implementar el nuevo mecanismo.

Las anomalías se denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos. Sin embargo, hasta ahora no avanzaron las investigaciones. Tampoco la AFIP actuó frente a los datos que indican que hubo evasión por parte de los funcionarios.

Las irregularidades que se vienen denunciando en Enreja implican también al Presidente de la institución, Sergio Mendoza. El titular de la entidad tiene negocios agropecuarios incompatibles con su cargo, que requiere dedicación exclusiva.

Además, Mendoza falseó su declaración jurada. El funcionario informó a la Escribanía de Gobierno que tiene una cuenta bancaria que no es la que usa para mover sus ingresos. También omitió blanquear los ingresos de su cónyuge, una cuenta corriente del Standard Bank y sus derechos accionarios en una empresa agrícola con sede comercial en Embarcación.