En su intervención, el senador pampeano destacó las modificaciones efectuadas desde la Comisión al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, tales como, la limitación a prestar servicios de televisión por vínculo satelital a las grandes telefónicas, la neutralidad en la red, y las referidas a la creación de una autoridad de aplicación federal y un organismo de control legislativo con participación de las minorías parlamentarias.

 

También destacó la mención que se hace en el articulado del dictamen a las cooperativas y Pymes, como así haberse facultado a la autoridad de aplicación a dictar medidas asimétricas para propender a la participación igualitaria en el mercado de todos los actores involucrados; del mismo modo, haber incorporado a todos los prestadores de T.I.C. (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) a las obligaciones y procedimiento previsto en el artículo 30 de la Ley de Medios Audiovisuales, obligación solo mantenida a las cooperativas en el proyecto original.

Pero luego expresó que se perdía una buena oportunidad para dejar expresado en la ley las medidas asimétricas concretas para proteger a Pymes y cooperativas, tales por ejemplo, prohibir a las grandes telefónicas a prestar servicios de televisión por cable en pequeñas y medianas poblaciones; del mismo modo, debería haberse mantenido la derogación del artículo 39 de la actual Ley de Telecomunicaciones y permitir a los municipios el cobro del espacio aéreo, poniendo a todos los prestadores de servicios públicos en un pie de igualdad; del mismo modo podría haberse previsto que parte del espectro radioeléctrico sea otorgado a los operadores regionales y a las cooperativas, cuestión omitida en las últimas licitaciones de bandas 3G y 4G, sostuvo Verna.

Por último, expresó que seguirá trabajando para que se declare servicio público a la telefonía móvil, a fin de posibilitar un mayor control del servicio y regulación de las tarifas por parte del Estado.

La iniciativa reemplaza un decreto ley de 1972, firmado durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. Tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia. Por ello, los clientes podrán elegir al prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar.

Asimismo, se establece que para el Estado argentino las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) resultan fundamentales para el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los ciudadanos sin importar condiciones geográficas o socioeconómicas. En otro sentido, se propone reestructurar los servicios incluidos en el concepto de “Servicio Universal” que deberán tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país.

El proyecto regula las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet, la televisión por satélite y por cable. Además, define como “servicio público en competencia” a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como “última milla” o “bucle local”.

Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores. Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley.

Esa repartición también definirá qué operadores deben “desagregarse de la red local” o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros. Además, el proyecto propone crear un Consejo Federal de las TIC.

El proyecto permite a las telefónicas ingresar al sector audiovisual, aunque mantiene ciertas restricciones para dar TV satelital. Así, choca con la Ley Audiovisual que lo impedía.

La AFTIC determinará plazos y localidades en donde las telefónicas no podrán dar TV paga, para evitar que ingresen en las localidades más pequeñas.

Las telefónicas podrán dar televisión por cable, a través de las redes de los cableoperadores, ya que el nuevo proyecto establece que hay una obligación de interconexión “para y entre licenciatarios”, a las tarifas que fije el Estado.

El proyecto establece que los licenciatarios de servicios TIC “fijarán libremente sus precios, los que deberán ser justos y razonables” pero, a la vez, señala que esas tarifas podrán ser reguladas por la autoridad de aplicación “por razones de interés público”.

La AFTIC no sólo podrá fijar precios sino que, además, otorgará licencias, regulará la interconexión, fijará las condiciones en que los operadores abrirán sus redes a la competencia y dispondrá de los fondos del servicio universal.

Finalmente, la AFTIC tendrá a su cargo el manejo de la empresa Ar-Sat, el Correo Argentino, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Plan Argentina Conectada.