Sale. No juntamos ni tres firmas para el dictamen”. Un importante senador del Frente para la Victoria contó a este diario las dificultades que tiene el oficialismo para avanzar con el proyecto de Ley de Argentina Digital, a partir del malestar que genera la iniciativa dentro del propio bloque, que de no obtener respuestas a los requerimientos de modificaciones que realizaron ante el secretario de Comunicaciones Norberto Berner, por primera vez en mucho tiempo podría desmarcarse de los deseos de la Casa Rosada.

“Nos prometieron hacer retoques, pero esperamos que cumplan. Porque tenemos que proteger de verdad a las pymes, dejar la letra chica bien clarita. En este caso no puede ser un maquillaje”, precisó el mismo legislador, preocupado por el texto definitivo que llegará a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que volverá a reunirse el miércoles, antes de la sesión.

El Gobierno había prometido modificaciones luego de la primera señal de alerta que lanzó el jefe del bloque del Frente para la Victoria Miguel Pichetto, quien ante el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ministro de Planificación Julio De Vido plantó bandera y reclamó “alguna cláusula con mirada antimonopólica” para preservar “al que ha trabajado en la Argentina” de Telefónica, “que no invirtió un peso en el país”. Esas críticas fueron refrendadas días después por el vicejefe de bloque, el formoseño José Mayans, quien también se quejó por la falta de inversión de las telefónicas. A lo largo de los debates en la comisión, diversos invitados por el oficialismo completaron el combo de discrepancias.

El proyecto genera tanta inquietud dentro de los legisladores que uno de ellos se animó a compararlo, salvando las distancias con la “125”, que impulsó el Gobierno años atrás. “Esto cruza las fuerzas políticas”, reconoció.  Es que los senadores oficialistas responden a Cristina pero, en primer término a los gobernadores, y no quieren pagar el costo político que podría generar que las pymes de sus provincias deban cerrar sus puertas como coletazo de no haber incluido una cláusula precisa para protegerlas. “¿Cómo vuelvo a mi provincia? Siempre nos caracterizamos por defender a los más chicos, a frenar monopolios y esto claramente va en otro sentido”, dijo una legisladora que nunca titubeó  en salir en defensa del Gobierno.

Las dudas, además de la situación en torno a las pymes, se suscitan también en torno a la aclaración del concepto de “neutralidad de las redes” y a la autoridad de aplicación, que será designada por el Ejecutivo.  “Esta ley va a ser aplicada por otro Gobierno, eso hay que tenerlo en cuenta, no es cualquier otro proyecto. Imaginate esto en manos de Mauricio Macri. Yo tengo que seguir yendo a mi provincia...”, dijo otra voz K. Sobre este punto también hay una autocrítica. No son pocos los que admiten que “fue un error” haber aprobado el artículo 17 del Digesto Jurídico, que establece que “corresponde al Ejecutivo la determinación de la autoridad de aplicación específica de las leyes”. “Ahora no podemos ir en contra de esa ley que nosotros mismos votamos, pero la verdad es que en este caso podríamos buscar una salida alternativa para dejar bien en claro que sea un ente independiente”, propuso uno de los legisladores consultados por este cronista.