Se trata de un instrumento con el que se busca poner límites a la circulación descontrolada de armas a través de las fronteras, que hoy se venden de país a país con menos restricciones que los alimentos o las bebidas. Este descontrol favorece terribles conflictos armados, como el que en los últimos tres años ha costado la vida a cientos de miles de sirios y está generando la mayor catástrofe de refugiados en lo que va del siglo XXI.

Si bien el texto no es perfecto, tiene una cláusula fundamental, que durante más de veinte años fue reclamada por personas y organizaciones de todo el mundo, incluida Amnistía Internacional: impide que los países aprueben transferencias internacionales de armas cuando existe un riesgo cierto de que se van a utilizar para cometer o facilitar violaciones a los derechos humanos.

Lo que se busca es evitar que toneladas de armas o municiones terminen en manos de gobiernos que reprimen a sus propias poblaciones o en el mercado negro, como sucede hoy, lo que es favorecido por las principales potencias del mundo, ya sea por intereses económicos o de seguridad nacional.

Sin embargo, el tratado todavía no está en vigencia. Para que pueda aplicarse, hace falta que sea ratificado por cincuenta países (en la mayoría de las naciones esto requiere la intervención de sus parlamentos), pero sólo treinta y uno lo han hecho hasta ahora. Entre ellos no está la Argentina, que fue uno de los siete países coautores del texto.

Por esto, Amnistía Internacional le está reclamando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que envíe el tratado al Congreso nacional sin más demora.

Es necesario más que nunca que la comunidad internacional ratifique su compromiso con los límites a la circulación de armas sin controles, cuando algunos países parecen estar dando gestos de que no se sienten cómodos con el tratado aprobado el año pasado en Naciones Unidas. Por ejemplo, la República Checa transfirió en los últimos tiempos armas a Egipto, cuyas fuerzas de seguridad mataron a decenas de personas en los hechos de violencia que se produjeron cuando fue derrocado el presidente Mohamed Mursi.

Hoy hay grandes productores de armas, como Canadá, Estados Unidos e Israel, y grandes importadores, como Pakistán y Ucrania, que no lo han ratificado. China y Rusia, dos de los mayores productores, que se abstuvieron durante la votación en Naciones Unidas, parecen estar observando si realmente existe una voluntad mayoritaria en la comunidad internacional de respetar las restricciones.

Argentina, entonces, tiene la oportunidad de reafirmar su compromiso con los derechos humanos y hacer una contribución a favor de las personas que sufren en distintos países del mundo las devastadoras consecuencias de los conflictos armados.