Del área de transparencia no queda nada

Del área de transparencia no queda nada
Los contratos de los diez especialistas de la Subsecretaría de Reforma Institucional fueron dados de baja y la oficina en la ex Somisa, vaciada.
Tras la renuncia de Marta Oyhanarte a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, el gobierno nacional decidió avanzar rápidamente con el desguace de la estructura que la funcionaria albertista había creado durante sus años en el kirchnerismo.

En dos semanas, la única área del Estado que se dedicaba a promover el acceso a la información pública y la transparencia quedó desmantelada. El Ejecutivo no designó sucesor para la fundadora de Poder Ciudadano; desactivó el sitio Mejor Democracia, que informaba sobre las audiencias de los miembros del gabinete; optó por dar de baja los contratos de diez especialistas en transparencia, y desmanteló la oficina que funciona en el décimo piso del edificio de ex Somisa.

El primer indicio de la parálisis había sido el desembarco de Andrés "Cuervo" Larroque en reemplazo de la mano derecha de Oyhanarte. El dirigente de la agrupación La Cámpora blanqueó de entrada que su currículum no lo habilitaba para el cargo que ahora ocupa. "No necesito currículum. Estoy acá por Maxi", admitió. Larroque es uno de los jóvenes que se mueven dentro del Ejecutivo nacional bajo el paraguas de Máximo Kirchner. Su primer acto de gobierno fue colgar afiches de su organización y fotos de Perón, Evita y San Lorenzo. Larroque es fanático del buen fútbol: fue uno de los funcionarios que viajaron a Montevideo en el chárter de Aerolíneas para ver a la Selección Nacional.

Enseguida, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, explicitó el cambio de orientación y confirmó que la partida de Oyhanarte había dejado a la intemperie a los técnicos que trabajaban bajo su ala. El jefe de ministros decidió que, en la nueva etapa, cualquier movimiento financiero debía solicitar autorización a su jefatura. Sin embargo, el golpe más fuerte fue la designación de un funcionario de su riñón que pasó a controlar un préstamo del Banco Mundial –6.800.000 pesos en cuatro años– que iba a ser destinado a la creación de un software para acceso a la información pública por internet. Como resultado, el plan quedó en standby. Fernández desplazó al coordinador del Área de Implementación de Políticas Participativas, Germán Stalker, que estaba encargado del proyecto. Ayer, en diálogo con Crítica de la Argentina, Stalker afirmó que "la continuidad del área encargada de hacer efectivo el derecho de acceso a la información y de implementar las políticas de transparencia en el Poder Ejecutivo no está garantizada".

Pero el aspecto que más preocupa a las ONG que demandan mayor transparencia y control en la gestión es la decisión oficial de cajonear el proyecto de ley de acceso a la información pública que Sergio Massa había impulsado durante su interregno en la Jefatura de Gabinete. Ocho meses de trabajo quedaron archivados.

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