Archivaron un planteo de los jubilados

La comisión de Juicio Político desestimó un pedido de destitución contra el mandatario.

“El enjuiciamiento político está reservado a las causales de gravedad constitucional legalmente previstas, y no es la vía idónea para que la ciudadanía manifieste su disconformidad con los funcionarios y con las decisiones políticas con las que no comulga”, concluyó ayer la comisión parlamentaria de Juicio Político, al rechazar el pedido de destitución efectuado por un grupo de jubilados contra el gobernador, José Alperovich.

La restricción autoimpuesta por el cuerpo legislativo que preside Sisto Terán se fundamentó en que el juicio político es un instituto de control interórganos propio del sistema republicano, y que su aplicación indiscriminada alteraría y distorsionaría su esencia.

El pronunciamiento plasmado en la resolución 285 fue firmado por los 11 vocales oficialistas de la comisión, mientras que el republicano Luis José Bussi (el único miembro opositor) se pronunció por correr traslado de la demanda, para que el mandatario ejerza su derecho de defensa. El pedido de destitución fue interpuesto por Rodolfo Cosiansi, Florinda Leguizamón y Angel Ricardo Salguero, quienes acusaron a Alperovich de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo; negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento reiterado y grave de los deberes inherentes a su cargo. Fundamentaron su reclamo en el incumplimiento de la sentencia dictada por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dispuso la responsabilidad del Estado tucumano en el pago de la porcentualidad y movilidad de los haberes a los pasivos transferidos a la Nación.

Los denunciantes recusaron a Terán, a Sergio Mansilla, a Regino Amado y a Roque Alvarez como miembros de la comisión, cuestionamiento que también fue rechazado. Bussi (h), por su parte, consideró que Alperovich debería haberse defendido, en resguardo de la investidura del cargo de gobernador.

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