Archivan un pedido de juicio político, porque no es causal la mera discrepancia con un fallo

El legislador Terán calificó de formidable respuesta el descargo que había hecho el juez Arraya. A las 19, se reunirá la comisión para tomar una decisión sobre la denuncia formulada contra tres camaristas penales.
El juez en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación de esta capital, Carlos Alberto Arraya, recibió ayer una buena noticia. La comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió archivar el pedido de destitución que habían formulado en su contra los abogados Constantino Cirici y Eva Jarai. Estos habían denunciado al magistrado -entre otras cosas- por la supuesta excesiva prolongación de la causa caratulada: “Casadey, Francisco Emilio s/quiebra”.

Con contundencia, la comisión que preside el justicialista Sisto Terán defendió la tesis de que su función no es la de revisar el contenido de las sentencias respecto de las cuales las partes de un proceso judicial pudieran manifestar alguna discrepancia.

Por medio de la Resolución Nº 282, que dispuso el archivo, los legisladores que estaban presentes (10 de los 12 integrantes) fueron terminantes. “Esta comisión tiene dicho que su actuación es excepcional ante los casos taxativamente previstos por la normativa vigente. Por ende, no procede el cuestionamiento por esta vía de decisiones judiciales que alguna de las partes de un proceso juzguen desacertadas”, aseveraron.

Los parlamentarios insistieron en la misma idea. “De un análisis exhaustivo del expediente judicial no surge un apartamiento, por parte del magistrado, del marco legal que regula el proceso judicial en cuestión, y que configure alguna de las causales de enjuiciamiento político-constitucional y legalmente previstas”, recalcaron.

En particular, Terán calificó de “formidable respuesta” el descargo que había concretado Arraya. “Es imposible que haya retardo de justicia cuando no había ninguna resolución pendiente de dictar por mi parte y cuando el expediente se encontraba en la Cámara en lo Civil y Comercial Común”, había esgrimido el magistrado.

Otra decisión

Los miembros de la comisión adoptaron otra decisión. Solicitaron la remisión de los expedientes de la causa por la cual la Sala I de la Cámara Penal condenó a prisión perpetua a Miguel “Piki” Orellana, Omar Carrizo, Marcelo Romano, Angel Ibarra, Marcelo García y Tomás Ceballos por el asesinato de Adrián Mansilla, hace cinco años. Pasado el mediodía los 27 cuerpos ya habían sido enviados a la Legislatura. El legislador José Orellana se excusó de intervenir, porque “Piki” es su hermano.

Los padres de la víctima denunciaron a los vocales de la Sala I (Pedro Roldán Vázquez, Julio Espíndola Aráoz y Carlos Norri), y a la fiscala de Cámara, Marta Jerez, porque, hasta que no quede firme la sentencia, los condenados seguirán en libertad. La razón es que ya habían estado bajo prisión preventiva por un plazo mayor al previsto para estar sujeto a esa medida provisoria sin que medie condena.

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