La Fiscalía de Delitos Económicos N° 10 archivó la denuncia penal presentada por el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani por posible defraudación en perjuicio de la administración pública a través del proyecto de ordenanza del gobierno municipal para implementar fotomultas.

En una resolución firmada por el fiscal Fernando Berlingeri, el Ministerio Público entendió que, como el proyecto está en tratamiento en el Concejo Deliberante, aún no hay elementos que permitan “sostener la existencia de una maniobra ilícita”.

Según la Fiscalía, “la inquietud manifestada por el denunciante constituye, al menos por el momento, una prematura inquietud en torno a la legalidad del trámite de contratación en torno a la implementación del sistema de fotomultas”.

“Lo cierto es que el trámite cuestionado se encuentra en plena etapa de discusión y tratamiento por parte de los órganos de gobierno que se presentan como los naturales, y en cuyo marco debe verificarse la primera instancia de contralor”, acotó.

La denuncia había sido presentada por Pettigiani el 23 de diciembre del año pasado, cuando el proyecto de ordenanza del gobierno de Carlos Arroyo ya había sido avalado por la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante y necesitaba otras dos aprobaciones (de las comisiones de Legislación y Hacienda) antes de ser tratado en el recinto.

Pettigiani hacía hincapié en las diferencias entre la licitación pública que impulsaba la anterior gestión municipal y el convenio que promueve la administración de Arroyo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata, lo que a su juicio generaría un perjuicio para la municipalidad del orden de los “50 millones de pesos”.

Con todo, Berlingeri señaló que “aún no se ha expedido el Concejo Deliberante”. “Por otra parte –añadió– no puedo dejar de resaltar que en el curso del trámite administrativo de mención obran documentadas consultas realizadas desde el Ejecutivo local a la Asesoría de Gobierno provincial, órgano de contralor constitucional que, desde el punto de vista jurídico, dictaminó respecto al trámite de contratación en curso”.

El fiscal de Delitos Económicos observó que el expediente se encuentra “pendiente de tránsito” en “todas y cada una de las instancias administrativas que demanda la implementación de una política de regulación del tránsito local”. Y acotó: “Por ahora, no vislumbro la relevancia jurídico penal de lo hasta aquí obrado”.

En ese sentido, interpretó que las inquietudes vertidas en la denuncia penal, “al menos por el momento, lucen prematuras en orden a conferirles un tinte delictivo”.

Berlingeri especificó que la decisión sobre el proyecto de ordenanza aún está en manos de “los poderes políticos”, y que no puede ser sometido “a la opinión de los órganos judiciales”. “Lo contrario implicaría una indebida intromisión en la esfera de las prerrogativas exclusivas de dicho poder, conculcatoria del equilibrio constitucionalmente establecido”, agregó.