De manera silenciosa, sin que cobrara trascendencia pública, el juez federal Claudio Bonadio ordenó archivar la investigación penal abierta contra el ex vicecanciller Roberto García Moritán, según consta en la copia de la resolución que obtuvo LA NACION.

Bonadio debía investigar si García Moritán le habría ofrecido una coima de US$ 1 millón al presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, el uruguayo Francisco Bustillo, para que le renovara el contrato de dragado del canal Martín García a la empresa Riovia SA, subsidiaria de la firma holandesa Boskalis International B. V.

Fechada el viernes pasado, el magistrado estimó que no podía avanzar con su pesquisa, dado que la justicia uruguaya tramitaba una "investigación similar y que no es posible cumplir con la cooperación solicitada", ya que sostuvo que el juez del país vecino, Néstor Valetti Rodríguez, se negaba a colaborar.

Bonadio concluyó además que de continuar con su propia investigación, García Moritán sería juzgado dos veces por el mismo presunto delito, la primera en la Argentina, la segunda en Uruguay.

Sin embargo, el juez también invocó razones políticas para archivar el expediente. "La licitación del dragado del canal Martín García del Río de la Plata -sostuvo- es un tema de agenda política de ambas naciones, encontrándose en negociación las máximas autoridades de los dos países."

La supuesta oferta de una coima habría ocurrido a fines de noviembre de 2010, en el comedor del Jockey Club, cuando García Moritán se reunió con Bustillo -a su vez ex embajador uruguayo en Buenos Aires- junto al responsable comercial de la firma holandesa, Sergio Cetera.

El supuesto encuentro, sin embargo, sólo se desató más de un año después, cuando trascendió que Bustillo había denunciado en su país lo ocurrido, en tanto que en mayo de este año los diputados nacionales Graciela Ocaña y Manuel Garrido radicaron una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py.

El escándalo sobreviniente abrió un nuevo capítulo de tensión en la relación entre Montevideo y Buenos Aires, que incluyó duros cruces verbales entre los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, y al enfriamiento del vínculo entre los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica.

En un intento de despegarse del escándalo y mostrar deseos de transparencia, el gobierno argentino impuso, además, un veto sobre la firma Riovia, a la que reclamó apartar de la nueva licitación, pero desde Uruguay replican con críticas que la Casa Rosada sólo intentaba frenar el dragado.

Seis meses después de que trascendiera la supuesta tentativa de soborno, sin embargo, los gobiernos de ambos países avanzaron en la redacción de un acuerdo para destrabar el conflicto desatado por las obras en el canal Martín García. Su borrador busca anular el llamado a licitación para las obras de mantenimiento del dragado y propone crear una empresa binacional estatal al estilo Salto Grande para las futuras obras de mantenimiento y de profundización del calado en el Río de la Plata.

Tras aludir a ese eventual acuerdo, Bonadio estimó que su decisión se ajustaba "a derecho" y ordenó "archivar las presentes actuaciones", de lo que notificó al fiscal, a las defensas de los acusados y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Una resolución judicial con mucho sigilo

Se dispuso hace siete días, pero no se informó

Acusado de haber ofrecido una coima por US$ 1 millón al presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, el uruguayo Francisco Bustillo. El juez federal Claudio Bonadio dispuso archivar la investigación local

García Moritán

Ex Vicecanciller

Profesión: diplomático

Edad: 65 años

Origen: Argentina