ARBA presiona a directores de empresas con cartas a domicilio

ARBA presiona a directores de empresas con cartas a domicilio
Les pide datos personales y les recuerda que responden con su patrimonio por los incumplimientos
Con los números de la provincia de Buenos Aires que no cierran, la presión impositiva sobre los contribuyentes bonaerenses se vuelve cada vez más agresiva. Después de tener que dar marcha atrás con las retenciones en las cuentas bancarias que había fijado el ex número uno de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) Santiago Montoya, la provincia puso en la mira a los directores de empresas.

Apelando al principio legal que dice que quienes dirigen una empresa son "solidaria e ilimitadamente responsables" con su patrimonio personal por el accionar de la compañía, ARBA comenzó hace un mes y medio a enviar cartas a los domicilios particulares de quienes ocupan cargos directivos. El objetivo es la "verificación y control de las bases de datos" que los describen como directores de determinadas empresas y, además, recordarles que, como tales, responden por los "incumplimientos que se detecten en el pago de gravámenes, recargos e intereses a cargo de la firma".

"La presión de ARBA a los directores de las empresas se intensificó en el último mes y medio", reconoció Andrés Edelstein, socio del área legal e impositiva de PricewaterhouseCoopers. "Antes, en caso de litigios, podía suceder que citaran a los directores con el presupuesto de la responsabilidad solidaria que ostentan según el Código Fiscal. Pero ahora, en algunos casos, ni siquiera esperan el comienzo del litigio formal y, en otros, se ha requerido mayor información de datos personales de los directores", señaló. En general, se trata de requerimientos relacionados con el pago de Ingresos Brutos. Pero también las empresas pueden tener que actuar como agentes de retención de proveedores y de percepción de clientes.

La acción de ARBA no violaría las normas vigentes. Sin embargo, es ampliamente cuestionado por los especialistas. Según explica Raúl Sanguinetti, socio de Baker Tilly Cysas, el Código Fiscal de la provincia establece la solidaridad de los directores con la firma en el caso de deudas tributarias. No obstante, subraya: "La herramienta debería ser usada con prudencia y aplicarse solamente en casos de peligro o dolo".

"En la provincia, ante cualquier determinación del fisco, esté o no de acuerdo a derecho, se les impone una inhibición general de bienes al contribuyente y a los directores, lo que provoca, en general, una justa reacción de ellos, porque los paraliza en sus acciones personales, aun cuando la empresa siga operando y sea solvente. Además, afecta su derecho de defensa, porque presiona a los directores para que acepten el casi siempre arbitrario criterio del fisco", explica Sanguinetti.

Víctor Fabetti, del estudio Fabetti, Bertani & Asociados, coincide: "Siempre estuvo en la ley la posibilidad de ir en contra del patrimonio del director, pero el problema acá es la actitud intimidatoria. Y esto es apenas una porción de la presión que están recibiendo las empresas". Porque, además de la carta a través de la cual ARBA busca reconfirmar su padrón de directores, el fisco estaría empezando a hacer llegar a los domicilios particulares de los directores requerimientos que antes enviaba sólo a las empresas.

En ARBA, hoy a cargo de Rafael Perelmiter, defienden la iniciativa. Consultados por La Nacion, dijeron que, porque "a la provincia no le sobran recursos", la intención es mantener la tarea de Montoya y profundizarla, con algunas correcciones, como sucedió no hace mucho con las retenciones sobre las acreditaciones bancarias. "La política de Montoya era avalada por el gobernador Scioli. Las cosas que eran defectuosas se fueron revisando", agregaron.

Efectos colaterales

En las empresas reconocen que la presión del fisco produjo cambios en la cultura corporativa. Por lo pronto, se nota una reducción y menor profesionalidad de los directores. En general, coinciden varios tributaristas, es ésta una de las razones por las cuales también los principales accionistas de las compañías argentinas no integran formalmente los órganos de dirección, sobre todo en pymes.

A su vez, las empresas tratan de tener la mínima conexión territorial con la provincia de Buenos Aires, instalándose fuera de ella y tratando de eliminar el sustento territorial para reducir el porcentaje de atribución en el Convenio Multilateral que se utiliza para distribuir Ingresos Brutos entre las provincias.

"En el largo plazo, esta presión sistemática por recaudar deja de lado los principios básicos de razonabilidad en los procedimientos y provoca una caída en la recaudación en beneficio de otras jurisdicciones", sentencia Sanguinetti.

Comentá la nota