La Corte Suprema suspendió la construcción de las represas de Santa Cruz y desató una interna en el gabinete por la relación con China.

Por unanimidad, el Máximo Tribunal hizo lugar a una solicitud de medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas, que pedían el freno de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic" iniciadas por el Gobierno de Cristina Kirchner, con financiación de China.

Uno de los jueces que empujó el fallo fue Horacio Rosatti, que ostenta un desarrollo jurisprudencial en temas ecológicos. La preocupación de Rosatti es que la construcción de las represas no le generen a la Argentina un conflicto internacional.

Cristina antes de dejar el poder apuró una audiencia pública ridícula de cuatro personas en el pueblo de Luis Piedrabuena, para "aprobar" las represas que ponen en riesgo los glaciales. La Corte exigió que se haga como corresponde.

Es que en 2014, una asociación de abogados ambientalistas de la Patagonia presentó un amparo porque las obras podrían afectar al Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y el Parque Nacional Los Glaciares y el conflicto podría extenderse hasta Chile.

Por otro lado, como en el tema de las tarifas, Rosatti –con el respaldo del resto de los jueces- defiende la realización audiencias públicas.

El gobierno de Cristina Kirchner realizó la audiencia pública en la pequeña localidad de Comandante Luis Piedrabuena con la asistencia 4 personas. El estudio de impacto ambiental, en tanto, se hizo un día antes del cambio de gobierno.

Por este motivo, en el fallo los jueces pidieron que se realicen nuevamente el estudio de impacto ambiental y las audiencias públicas.

Lo que no entendían en la Corte esta noche fue el festejo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien mandó un comunicado celebrando el fallo apenas horas después de que se emitiera.

"El Gobierno Nacional considera que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación está completamente alineado con el objetivo del PEN de asegurar que este proyecto se realice en la medida que respete el cuidado del ambiente y de los intereses de la comunidad", indicó el ministro de Energía en un comunicado.

Macri ya iba a tener problemas para explicarles a los chinos que el freno de las obras era un tema de la Justicia. El festejo de Aranguren no lo va a poder explicar.

El presidente viene arrastrando una tensa relación con el gigante asiático, una tensión que se agudizó luego de que el presidente decidiera votar, como anticipó LPO, contra el reconocimiento de China como economía de mercado en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en línea con las posiciones de Estados Unidos, Europa y la industria local.

En medio de la tensión, Macri envió a Rogelio Frigerio a conseguir inversiones al país oriental. En el Gobierno aseguran que ministro del Interior se trajo buenas noticias para el financiamiento del proyecto sanjuanino El Tambolar, el parque eólico Arauco, y la remodelación del ferrocarril San Martín, entre otras cosas. 

Aunque, como anticipó LPO, tanto las autoridades del Gobierno, como del Eximbank de China son reacios a negociar nuevos financiamientos hasta que las autoridades argentinas resuelvan que harán con el crédito comercial que tienen preacordado desde 2015 para la construcción de la central térmica Manuel Belgrano II (CTMBII) y el compromiso firmado para la modernización del ferrocarril San Martín.

En este contexto enrarecido, se confirman las posiciones encontradas en el gabinete sobre cómo debe ser la relación con los chinos: el festejo de Aranguren terminó de complicar la estrategia de Frigerio para atraer inversiones.

Aranguren había quedado tocado porque Macri mandó a su ministro más político a tratar con los chinos prácticamente todos temas de la competencia del ministerio de Energía.

No es la primera vez que hay un cruce entre estos ministros: Frigerio debió salir al rescate del Gobierno -Miguel Pichetto lo definió como el "bombero"- luego de que Aranguren le provocara una de sus mayores crisis en el año cuando aumentó las tarifas del gas sin hacer audiencias públicas. En esa ocasión, el ministro del Interior debió salir a contener a los gobernadores -en especial los de la Patagonia- y a los intendentes.