ARAMBURU SOSTUVO QUE “EL FISCAL DE ESTADO NO DICE NI SOSTIENE QUE EL PROYECTO SEA INVIABLE”

El Ministro de Gobierno ratificó que para el Ejecutivo Provincial no existe “ninguna duda respecto a la viabilidad” del proyecto de venta de gas natural a la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química S.A., cuyo acuerdo fue analizado por la Fiscalía de Estado en cuyo dictamen argumentó la obligatoriedad de llamar a Licitación Pública.
El titular de la Cartera política opinó que “no se ha dimensionado la entidad de la inversión sino que la discusión se ha centrado sobre un punto secundario en el acuerdo, que es la provisión de gas; pero amen de eso, a nuestro entender hay normativas que rigen la materia y que escapa de la definición prevista en la Ley 6, que es la que el Fiscal de Estado toma en cuenta al momento de considerar la necesidad del llamado a licitación pública”. “Concretamente nos referimos a resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que rigen este punto”, precisó, para anotar que tales normas “expresamente prevén la contratación directa”.

Observó inclusive que “al margen de esto, que ya sería un argumento legal más que suficiente para el sostenimiento de este suministro tal como está previsto en el acuerdo, lo cierto es que la relevancia del emprendimiento radica en el proyecto de inversión y no en el abastecimiento, e insisto en este punto porque el eje central de la discusión que se ha dado a partir del dictamen del Fiscal de Estado”.

El Ministro de Gobierno recordó que en su dictamen “el Fiscal de Estado no dice ni sostiene que el proyecto sea inviable, sino que sólo se limita a su entender desde el punto de vista jurídico, a establecer la preponderancia de la Ley 6 por sobre la otra normativa (de la Secretaría de Energía de la Nación), que en realidad simplemente no la considera y ese fue el punto que se omitió”.

Aramburu reiteró que “el Gobierno no tiene ninguna duda respecto a la viabilidad del proyecto”, entendiendo que “el Fiscal de Estado no rechazó el acuerdo porque lo que hace, a lo sumo, es marcar a su entender y su criterio una definición jurídica”.

El Ministro descartó asimismo que el dictamen del Fiscal Virgilio Martínez de Sucre ponga en duda la transparencia del acuerdo, señalando que “no está en juego la transparencia. En todo caso se trata de una definición de un acto de gestión que cada Administración define cómo llevarlo a cabo”.

“Falta de transparencia sería si se omitiera un órgano de contralor previo”, anotó, para remarcar luego que “una definición política adoptada no requería pasar por esos órganos antes de adoptarla, pero visto lo sucedido quizás habría sido interesante haberlo remitido antes, pero no es que esto lo torne transparente o no”.

El titular de la Cartera de Gobierno enfatizó que la rúbrica del acuerdo “es una facultad del Ejecutivo, porque ni el Fiscal de Estado ni el Tribunal de Cuentas tienen controles de gestión, sino que tienen controles jurídicos en cuanto a las cuentas del Estado, y esto es una definición de política de una determinada administración que no necesariamente tienen que ser consultada de manera previa”.

Aclaró, de todos modos, que “sí corresponde en la estructura democrática que sean remitidos, a los distintos organismos de contralor por una parte, y por otro al Poder Legislativo donde radica la soberanía popular”.

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