El boleto estudiantil por ley, es algo que vienen planteando los centros de estudiantes de Río Gallegos y de Caleta Olivia con más fuerza. De hecho, dirigentes estudiantiles del Partido Obrero llevaron su reclamo hasta la propia Cámara de Diputados tiempo atrás.Con la firma de los convenios que realizó el Gobierno provincial con las empresas de transporte urbano de pasajeros en las dos principales ciudades de Santa Cruz, se reactivó el pedido de que ese beneficio logrado por decreto, pueda ser perdurable en el tiempo a través de una ley.Ayer, desde la Oficina de Prensa del diputado Jorge Arabel, se confirmó el ingreso de un proyecto de ley de su autoría que va en ese sentido. La iniciativa propicia la creación del “Boleto Educativo Gratuito” tanto urbano e interurbano, pero el alcance de la norma, si es aprobada, irá mucho más allá de los estudiantes ya que también designa como beneficiarios del sistema a docentes y no docentes del nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario que residan en la provincia de Santa Cruz, y que, como parte del proceso educativo, deban trasladarse dentro de la localidad de residencia o a otra localidad de la propia provincia.Si bien no se conocen detalles de implementación, si es lo que contempla el proyecto, la idea iría en consonancia con el boleto gratuito que desde principios de este mes rige en la provincia de Chubut. Dice Arabel entre otros fundamentos, que su propuesta tiene como principal objetivo el de fomentar y fortalecer el acceso a la educación; facilitando el traslado de aquellas personas que son parte activa de nuestro sistema educativo y que usan el transporte público urbano e interurbanos, para acceder a los establecimientos educativos.En referencia a la firma de convenios con empresas de transportes y con municipios de nuestra provincia con el fin de dar cobertura al traslado de estudiantes, que lleva adelante el gobierno provincial, el legislador asevera que “dicho mecanismos, al no estar avalado por una legislación, no posee la garantía de continuidad en el tiempo” y por eso surge la ley, aunque nada se dice sobre cómo se financiaría este beneficio que abarcaría una población superior a las 100 mil personas.De aprobarse el proyecto, el Ministerio Secretaría General de la Gobernación, deberá ser la autoridad de aplicación del régimen propuesto, y deberá dictar las normas complementarias que resulten necesarias para su correcta aplicación, dándole en este sentido al Poder Ejecutivo una amplia libertad, a fin de que por la vía reglamentaria instrumente todas aquellas medidas que considere, para garantizar la efectiva aplicación de la Ley y que el beneficio que se implementa llegue a todos los santacruceños que lo demanden.