Apuran una ley para blanquear los desajustes en las cuentas fiscales

Por: Alcadio Oña

Aun cuando haya aflojado, la crisis internacional todavía da para todo. Hasta para justificar, ahora, un proyecto fogoneado por el oficialismo que pega en el corazón de la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2004. Es, en el fondo, la confirmación lisa y llana de los enormes desajustes en las cuentas de la Nación y las provincias.

Para empezar, la iniciativa permitirá que la tasa de incremento del gasto público primario -sin computar pagos de la deuda- sea mayor al crecimiento del PBI, tanto para la Nación como para las provincias.

Luego, acepta que una y otras puedan caer en situación de déficit financiero. También, que se endeuden para cubrir gastos corrientes, por ejemplo, salarios. O apliquen a este mismo fin partidas presupuestarias previstas para inversión pública: superpoderes ampliados.

Finalmente, a las provincias se les admite un nivel de endeudamiento superior al 15 % de sus ingresos fiscales.

Así, de un plumazo, se remueven las limitaciones centrales del Régimen de Responsabilidad Fiscal. Firmada por las diputadas kirchneristas Patricia Fadel y Patricia Vaca Narvaja y apoyada por algunos legisladores de la oposición, la medida regiría durante 2009 y 2010. O sea, extiende el campo de maniobra a todo el año próximo.

Según el proyecto, que se presenta como promovido por algunas provincias pero tiene el sello de la Casa Rosada, los gastos alcanzados por el jubileo son aquellos "destinados a promover la actividad económica, a sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social". De un modo u otro, abarca a todos.

En realidad, la reforma servirá para convalidar maniobras que el gobierno nacional y los provinciales vienen haciendo por fuera de la ley. Sería, al fin, un paraguas contra cualquier demanda judicial por incumplimiento de la norma o de los deberes de los funcionarios públicos.

Los legisladores patrocinantes pretenden que todo se hace "preservando los objetivos" del régimen fiscal y que esto "mejorará la credibilidad de la política gubernamental".

Es una explicación rara, al menos por un par de motivos.

Primero, resulta difícil aceptar que con semejantes cambios siguen en pie los objetivos de un sistema cuyo núcleo es, precisamente, ponerles techo al gasto público y al endeudamiento.

Igual de pretencioso es suponer que las reformas van a fortalecer la confianza en las políticas públicas. Tal vez la situación fiscal no dé para otra cosa, pero pudieron haber elegido mejores fundamentos si no se quería reconocer la realidad.

No está demás remachar en un punto: la Ley de Responsabilidad Fiscal le pertenece a Néstor Kirchner. Y en otro si se quiere menos conocido: fue para conformar al Fondo Monetario, que en 2004 reclamaba una reforma a la coparticipación impositiva y un ajuste de las finanzas provinciales.

Cosa de estos tiempos, el proyecto auspiciado desde el propio oficialismo coincide con ciertos flirteos con el FMI. Puede decirse lo que uno quiera sobre las políticas del organismo, pero sería demasiado aspirar a que el Fondo compre los cambios.

Está claro que, por donde se mire, la ley fiscal ya es un colador.

Las provincias, si no todas la mayoría, están en rojo financiero. Echan mano a cualquier recurso para pagar los sueldos a los empleados públicos: desde postergar hasta 150 días obligaciones con proveedores y contratistas, usar a los bancos para descontar facturas, recortar gastos en inversiones y emitir bonos.

Como lo acaba de corroborar el despido forzoso del ministro de Asuntos Agrarios, Daniel Scioli las tiene peor que nadie. Se calcula que le faltan 700 millones de pesos para afrontar los salarios de setiembre y la única caja que le queda es la de los Kirchner. Así de dependiente está la provincia que más aporta a la coparticipación y menos recibe de la coparticipación.

A Santa Cruz no le va mucho mejor: pese a que figura segunda en el reparto de recursos nacionales por habitante, enfrenta un desajuste fiscal de $ 2.000 millones. Tampoco a Tierra del Fuego, que encabeza el ranking y está en apuros con los sueldos.

Sobre el estado de las cuentas de la Nación bastan los datos oficiales de julio. En los primeros siete meses acusó un déficit financiero de 2.300 millones de pesos, contra el superávit de 16.628 millones que había cosechado en el mismo período de 2008. Perdió casi 19.000 millones de un año para el otro.

Con un gasto que crece arriba del 30 % e ingresos totales que apenas marchan al 11 %, es obvio que el gobierno central también viola la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y que opera fuera de los márgenes cuando recurre a la ANSES, el Banco Central y el Nación: fuentes de recursos cuantiosas, que desde ya no tienen las provincias pero tampoco son infinitas.

La reforma que apura el oficialismo sólo blanquea los desvíos fiscales, los actuales y los de 2010. Pero no tapa los agujeros de las cajas, como bien pueden prever Scioli y otros gobernadores si miran al primer trimestre del año próximo. O habrá advertido Amado Boudou, ahora que debe mandar el Presupuesto al Congreso: se sabe, la billetera nacional ya no es la misma.

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