No fue la mejor semana para las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. Primero, se desayunaron con un pedido de informes que les disparó el ex rector de la casa y actual diputado nacional del PRO, José Riccardo, quien conjuntamente con Margarita Stolbizer y legisladores de Cambiemos, quieren saber sobre las contrataciones, convenios o acuerdos celebrados con universidades nacionales, y que tuvieran como finalidad la realización de obras o servicios en Tecnópolis

Luego, el fiscal federal Guillermo Marijuán la sumó a otras  universidades en una causa por malversación de caudales públicos, en una denuncia que llega hasta diciembre de 2015. En el mismo escrito están la Universidad de Villa Mercedes y la de los Comechingones, con la diferencia que estas dos últimas tienen nuevas autoridades desde abril de este año, mientras que en el caso de la Universidad Nacional de San Luis, las autoridades son las mismas.

La respuesta de la UNSL llegó a mitad de semana mediante un comunicado en donde recordó que la casa de estudios tiene sus cuentas de inversión 2015 aprobadas y explica que "todos los fondos recibidos del Estado nacional por parte de la UNSL corresponden a gastos de funcionamiento, salarios del personal docente y no docente, proyectos, programas y acciones estrictamente destinadas a fines académicos de enseñanza, investigación y extensión, que hacen al objeto de nuestra universidad conforme a su estatuto". El comunicado expresa también que la UNSL pondrá a disposición de la Justicia todos los informes, balances y documentación referente a la utilización correcta y transparente de los fondos públicos recibidos.

Y para rematar una semana poco feliz, se conoció que la Oficina Anticorrupción que preside Laura Alonso, informó que sancionó a 93 funcionarios de diferentes áreas del Estado por no haber presentado sus declaraciones juradas. La pena consta de la retención del 20% de sus haberes mensuales y se da en el marco de la aplicación de la Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Según el diario El Cronista, los sancionados pertenecen a Pami, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Salta, y la Universidad Nacional de San Luis.