Apuesta del gobierno para presionar a Cristina con la promoción

El ejecutivo provincial intenta que la Presidente comprometa la prórroga del régimen de promoción industrial, cuando el próximo 7 de abril firme los convenios de financiamiento de obras públicas para el trienio 2009-2011. Y para eso, aprovechando que arranca la campaña electoral, salió a presionar elevando el tono del reclamo. El oficialismo considera que ‘es imperativo’ extender el sistema.
El gobierno local está decidido a meter la presión suficiente contra la administración de Cristina Kirchner para intentar que la prórroga del régimen de promoción industrial se anuncie cuanto antes. Si es posible, el 7 de abril, cuando la mandataria firme los convenios de financiamiento de obras públicas para el trienio 2009-2011 y presida un acto con el gobernador Luis Beder Herrera en la Residencia de Olivos.

La fuerte apuesta política comenzó con el diputado nacional Alberto Paredes Urquiza, quien salió a reclamar la prórroga por ser ‘imperativo’ para la subsistencia de las 60 empresas radicadas y las 10 mil fuentes de empleo que dependen de ellas.

La iniciativa del gobierno riojano es trascendente porque si la Nación dilata esa decisión por la presión de otras provincias que rechazan el sistema promocional, la cuestión corre el riesgo de enfriarse en el tiempo y quedar congelada, con el grave riesgo que conlleva.

Por eso, el análisis político que hace el Ejecutivo provincial es que, si no se logra arrancar aunque sea un compromiso público concreto durante la campaña electoral, es decir antes del 28 de junio, será mucho mas difícil lograrlo después.

Aunque Paredes Urquiza haya puesto en duda su ‘pertenencia’ al oficialismo si el tema no se resuelve, en el gobierno creen que, de todas formas, la ‘sangre no llegará al río’. O sea, están convencidos que, finalmente, la Presidente dará alguna solución coherente para un tema por demás delicado.

Incluso hay un proyecto dando vuelta que contempla una promoción industrial mas ‘light’, que permitiría que las empresas promovidas solo tengan beneficios por el nuevo capital que incorporen a su ciclo productivo y no por el total de la inversión ya hecha, que se considera amortizada en bienes y personal.

El problema es que el resto de los distritos que cuentan con el régimen, Catamarca, San Juan y San Luis, miran con atención lo que suceda en La Rioja para exigir igual trato. Y las provincias que rechazan el sistema, particularmente Mendoza, están atentas para rechazar y denunciar prebendas, ignorando el grado de dificultades para el desarrollo que tiene la región en comparación con la cuyana.

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