> Aprueban el primer presupuesto a la gestión Ríos > Sin reducción de coparticipación, pero con sorpresas

El Parlamento resolvió no avanzar en la reducción del 10% sobre los recursos de coparticipación a los municipios. En lugar de ello, reformularon los presupuestos de Poderes y Órganos de Control. Los más afectados por la baja fueron la Justicia y el Tribunal de Cuentas. Además se dispuso vincular la remuneración de la Gobernadora al salario de escala de la categoría más numerosa del Escalafón Seco, determinación que podría vulnerar el art. 134 de la Constitución provincial. También se modificó la ley de contabilidad para establecer un mecanismo de contratación específico en materia de hidrocarburos.
La aprobación del proyecto de ley de presupuesto 2010 terminó deparando algunas insospechadas "sorpresas" que nada tuvieron que ver con la propuesta del mopofista Damián Löffler de afectar un 10% de la distribución primaria de los recursos coparticipables a los municipios para destinarlos a fortalecer las partidas de salud y seguridad. Esa iniciativa, que en principio había contado con el respaldo de otros referentes de la oposición y del Gobierno, no prosperó por el cambio de opinión de algunos legisladores luego de conocida la enérgica reacción de los ejecutivos municipales, gremios estatales y del Sindicato de Camioneros, los que ayer concurrieron al recinto de sesiones para manifestar vivamente, y por momentos con cierta prepotencia, su abierta y franca oposición a esa posibilidad, la que finalmente no fue incorporada al proyecto de ley. (Ver nota "Marcha atrás…".)

Pero como ya es habitual en la historia del Parlamento fueguino, la sanción de la ley de presupuesto –el primero que se le aprueba a la gestión Ríos– contempló una serie de cuestiones sobre las que nada se había adelantado, tales como el enganche de la remuneración de la Gobernadora al salario de los agentes de planta permanente de la administración central; la modificación de la ley de contabilidad y la reducción de fondos para la Legislatura, Justicia, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado.

El proyecto contó con el acompañamiento en general de los bloques del ARI, FPV, MPF y MO, y el rechazo de la UCR, pero en la votación artículo por artículo a la negativa del radical Pluis se sumó la del oficialista Manuel Raimbault, en aquellos artículos referidos al nuevo mecanismo de fijación de la remuneración de la Gobernadora.

Enganche por presupuesto

Siguiendo el ejemplo de los municipios, y para quitar de la discusión pública el siempre traumático tema del nivel remunerativo del titular del Ejecutivo provincial y de las dietas de los parlamentarios, la Legislatura resolvió ayer que la remuneración establecida en carácter de sueldo por el artículo 1º de la ley 732 (de 15 mil pesos para la Gobernadora) pase a ser "equivalente a 7 veces el total de escala de la categoría en la que revistan la mayor cantidad de agentes del escalafón seco de la administración central", manteniéndose la proporciones en ella establecida para determinar la remuneración del Vicegobernador, Legisladores y Autoridades de Cámara. En la actualidad, la categoría más numerosa del escalafón seco es la 10, con un haber de escala de 2.400 pesos, por lo que la remuneración de la mandataria queda fijada en una cifra cercana a los 17 mil pesos, y la dieta de los Legisladores en un 90% de ese valor (unos 15.300 pesos).

Este mecanismo de enganche, que entrará en vigencia recién "cuando se modifique por mejora salarial el total de escala de la categoría" de referencia, dividió aguas dentro del bloque oficialista, ya que mientras Marinello, De María, Deheza y Fernández los votaron afirmativamente, Raimbault lo hizo por la negativa (Osvaldo López no tomó parte de la sesión de ayer por estar fuera de la Provincia).

Vale tener en cuenta que esta nueva normativa podría presentar algún vicio de constitucionalidad, por cuanto el artículo 134 de la carta magna determina que la remuneración de Gobernador y Vicegobernador será fijada "por ley y no podrá ser alterada durante el período de su mandato, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general".

Reducción de recursos para Poderes y Órganos de Control

Bajo el argumento de adecuar las reales posibilidades de gastos a los ingresos estimados, ello en función de la caída de recursos que se estimaba recibir en función de la operación de venta directa de gas de regalías a Tierra del Fuego Energía y Química que fuera declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia, los legisladores resolvieron redistribuir los créditos presupuestarios asignados en el proyecto original al Ejecutivo, Legislativo, Justicia, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, pero sin modificar el total de erogaciones para 2010, que se mantuvo en los 2879 millones de pesos, de los cuales 2377 corresponden a la Administración Central y 501,7 millones a la Administración Descentralizada.

En función de esta decisión, el crédito presupuestario asignado al Poder Ejecutivo se incrementó en 40,8 millones de pesos respecto del proyecto original, lo que representa una mejora del 1,9%. Como contrapartida el presupuesto de la Fiscalía de Estado se redujo en 7 mil pesos (0,2%), el de la Legislatura en 1 millón de pesos (1,8%), el de la Justicia en 32 millones de pesos (23%) y el del Tribunal de Cuentas en 8 millones de pesos (32,5%). Justamente, estos dos últimos organismos del Estado fueguino tuvieron un rol preponderante en la defunción legal del contrato de venta directa de gas de regalías con TFEQ. Esto podría llevar a pensar que se podría estar ante una especie de "devolución de gentilezas", hipótesis que parece perder sustento ya que la Fiscalía de Estado también tuvo una postura crítica a esa operación.

Adecuar el marco legal a la operación con TFEQ

Si bien el ARI cuando era oposición había defendido la postura de que en la ley de presupuesto no debían incorporarse cuestiones que excedieran esa materia específica, ayer parece haber dejado de lado ese principio al convalidar que dentro del presupuesto 2010 se incorporará una reforma a la ley de contabilidad, para establecer un régimen de contratación particular para las operaciones vinculadas con hidrocarburos. Para el caso de otorgamientos de permisos de exploración y concesiones de explotación, se estableció que se regirán por lo que determinan las leyes nacionales 17.319 (de Hidrocarburos) y la 26.197 (ley corta de hidrocarburos). En tanto, para la "venta de hidrocarburos de propiedad de la provincia, sea que fueren obtenidos por explotación de yacimientos propios o por percepción de regalías en especie (…) siempre que sean destinados a proyectos de industrialización en la Provincia", se fija que el Poder Ejecutivo "implementará el Registro Público de Empresas industrializadotas de Hidrocarburos de la Provincia, el que tendrá por fin inscribir y receptar las ofertas que realicen la empresas interesadas en industrializarlos, en los términos que se establezcan en las condiciones particulares de cada llamado". Señala además que las ofertas deberán establecer el proceso de industrialización a realizarse, la inversión prevista, la oferta económico financiera por la adquisición del hidrocarburo, la proyección de ocupación de mano de obra y el estudio de impacto ambiental. El mecanismo establece que el Poder Ejecutivo "analizará la oferta más conveniente a los intereses de industrialización de hidrocarburos de la Provincia y celebrará el respectivo convenio con el adjudicatario, remitiéndolo a la Legislatura para su aprobación" en los términos previstos en el artículo 84 de la constitución provincial.

Como reconoció en "off de record" un legislador de la oposición, de esta manera se busca viabilizar, dando un marco legal adecuado, la rápida concreción de la operación con Tierra del Fuego Energía y Química.

Recursos inembargables

Tal vez previendo un año complicado para poder cumplir adecuadamente con las transferencias de coparticipación a los municipios y las obligaciones con el sistema de la seguridad social o con otros prestadores del Estado, el Parlamento declaró inembargables "los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se de dinero en efectivo, depósitos en cuneta bancaria, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el presupuesto general de la provincia".

En razón de ello se determina que "no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido" la libre disponibilidad de cualquier cuenta o registro a nombre del estado provincial o de cualquiera de sus organismos o dependencias del Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Administración Pública provincial centralizada, descentralizada y entidades autárquicas.

Otros temas aprobados

En la sesión extraordinaria de ayer, se aprobó también un nuevo régimen de regularización de deudas tributarias que busca dotar al Estado de una herramienta que le permita recuperar, sin necesidad de recurrir a la vía ejecutoria, deudas por orden de 30 millones de pesos.

Además se dio vía libre a un nuevo mecanismo de valuación del impuesto inmobiliario rural; la condonación de deudas del personal de Metalúrgica Renacer con el Fondo Residual, y la transferencia de dominio a favor del IPV del predio en el que se encuentra emplazado el denominado "Barrio Colombo" de Ushuaia. Estos proyectos fueron aprobados por unanimidad.

El ARI, otra vez afuera del Consejo de la Magistratura

El único asunto abordado ayer que diferencia con claridad a oficialismo y oposición fue la elección de representantes de la Legislatura ante el Consejo de la Magistratura. El bloque del Frente Para la Victoria mocionó la continuidad en el órgano de selección y remoción de magistrados a Ricardo Furlan (FPV) y Mónica Urquiza (MPF). Esta propuesta logró el acompañamiento de los 4 bloques de la oposición, no así del oficialismo, que volvió a reclamar, sin éxito, para sí uno de los dos lugares en juego.

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