Se aproxima el juicio oral al ex intendente Roberto Cacault

La causa se originó por una denuncia del actual concejal Gabriel Valdebenito ante una presunta defraudación por obras realizadas en la cancha municipal del Calafate. La defensa pide que se investigue si no hubo "falsa denuncia" por parte de los acusadores.
Cacault tuvo cuatro denuncias por acciones de su gobierno, pero en tres ya resultó absuelto.

El próximo miércoles 18 de noviembre se llevará a cabo el juicio oral donde se encuentran implicados el ex intendente Roberto Cacault y el ex Secretario de Obras Públicas, Guillermo Caruso.

La causa se inició en el 2006 al realizar una denuncia por presunta defraudación al estado el bloque del PJ durante el gobierno del Dr. Hugo Panessi, donde se habrían derivado materiales de una obra que debía realizarse en la cancha del Calafate, a la del barrio El Once, sin mediar una autorización del Concejo Deliberante.

Sin embargo la defensa del ex intendente del MPN asegura que estos bienes no tenían un lugar específico y que las obras fueron ejecutadas en el marco de los presupuestos 2002 y 2003, y aprobadas por las ordenanzas 1251 y 1353 respectivamente.

El por entonces gobernador Jorge Sobich envió una partida de $ 124.492 para realizar estas obras que no fueron ejecutadas en su totalidad en el Calafate, sino que también se llevaron a cabo en el predio que tiene el municipio en el barrio El Once, según precisa la defensa en un escrito presentado ante el Juzgado Multifueros de Villa la Angostura.

Roberto Cacault sufrió cuatro denuncias por acciones realizadas durante su gobierno, pero en las otras tres resultó absuelto de culpa y cargo, restando solo la acción judicial que tendrá lugar la próxima semana.

Las obras imputadas

Entre los materiales cuyo destino se le cuestiona al ex intendente Roberto Cacault se encuentran 28 bolsas de césped, pintura asfáltica, hierros y perfilería metálica, madera, postes olímpicos, caños de riego y mangueras, hormigón, y la estructura para unas tribunas móviles, entre otros rubros.

Para la defensa no existió ningún tipo de delito pues "ambos Decretos en cuestión fueron ingresados al presupuesto municipal, bajo la figura de aportes no reintegrables, en cuentas de ingresos generales, no en las cuentas de ingreso de fondos con afectación específica como está previsto en la ley 53 (parte de presupuesto) y su Artículo 158°. El Departamento Ejecutivo no podrá desafectar ni cambiar el destino de los créditos de cuentas especiales sin autorización del Concejo Deliberante. Y tampoco dichos fondos fueron gastados dentro de la partida de gastos con fines específicos".

Aclaran también que "ninguna de las obras realizadas tenía que tener fin especifico y/o necesitar autorización del cuerpo legislativo para cambiar destino, porque dichas partidas tanto de ingresos como de egresos eran partidas comunes dentro del plan de obra pública, como cita el ministerio fiscal, y siguiendo la Constitución Nacional, Provincial, las autonomías municipales, la ley 53 que son el marco regulatorio que debe respetar el PEM, por lo cual tanto los ingresos como los egresos fueron realizados en concordancia y respetando todas las normas legales vigentes".

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