Fue miembro informante el diputado renovador Juan Carlos Agulla, dando posteriormente su adhesión Horacio Spallanzani, de la UCR; Blanca Acosta y Pablo Tschirsch de respectivos bloques unipersonales, así como Héctor Bárbaro del Partido Agrario y Social.

Declararon de interés público, y sujetas a compraventa o expropiación, 600 hectáreas pertenecientes a la empresa Alto Paraná, ubicadas en los barrios Santa Teresa, Unión y Cruces de esa localidad. La iniciativa, presentada por Carlos Rovira y otros legisladores, además de la petición efectuada por los mismos interesados, fue convertida en ley en la sesión ordinaria de este jueves de la Cámara de Representantes.

La ley declara de utilidad pública las 600 hectáreas y autoriza al Poder Ejecutivo a actuar en calidad de sujeto expropiante, para luego proceder a donarlas a la Asociación de Productores Independientes de Puerto Piray, quienes tendrán que constituirse en cooperativa para acceder a este beneficio, y no podrán subdividir el predio ni transferir su propiedad.

La autoridad de aplicación será el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, que tendrá la facultad de establecer la ubicación y la distribución de la superficie; además de asesorar en la coordinación de las tareas para llevar adelante la administración y explotación de las tierras a favor de los actuales ocupantes; y establecer un registro de beneficiarios.

En los fundamentos, los autores afirman que “la iniciativa legislativa es un reconocimiento a los productores misioneros en aras de la inclusión social, dotándolos de herramientas e instrumentos para el mejor ejercicio de sus derechos”.

“Los Productores Independientes de Piray necesitan de tierras que les permitan llevar adelante procesos productivos sostenibles que les aseguren un presente y un futuro más digno, y salvaguardar los vínculos ancestrales con la tierra que los vio nacer”, expresan.

La norma aprobada unifica proyectos presentados por los diputados Carlos Rovira y Alberto Alvarez, Héctor Bárbaro, Pablo Tschirsch, Luis Pastori, Ernesto Spallanzani y Walter Molina, Marta Ferreira, Blanca Acosta, y una petición particular de los productores rurales de la localidad de Puerto Piray.

El presidente de la Cámara de Representantes Carlos Rovira destacaba la presencia de las familias de Puerto Piray en el recinto de sesiones para presenciar la aprobación de la ley que no sólo expropia tierras para dárselas en propiedad, sino que contempla la constitución en una cooperativa que “asegura el derecho a sostener a la familia con dignidad”. Consideró que es una herramienta que innova en la materia y se constituye en una herramienta válida para impedir que se pierda el sentido humanístico de la norma.

Dijo que la presencia de estos pobladores de Piray “traduce el reclamo, la justicia, la expresión propia de la necesidad, que tuvo el justo medio de la balanza, en el intenso y profundo trabajo que desplegó la Comisión Legislativa impulsando una ley para resolver el problema con criterios de inteligencia y humanidad. Ir al rescate de estas familias, en una unión que no es una imposición sino una facilitación para que accedan no solamente a la titularidad de la propiedad sino a un modelo de sostenibilidad social, basado en el cooperativismo. En una concepción del trabajo que ya hoy están haciendo pero de modo disperso y que ahora será una acción organizada por organismos como el Ifai o la misma Asociación Cooperativa”.

Rovira recordó que hablar de la titularización de la tierra “suena a liberal. Porque el derecho de propiedad es uno de los grandes estandartes del liberalismo. A través del dinero uno compra una propiedad. Pero eso no tiene cuerpo, no es una familia si no está el sostenimiento familiar. Se trata entonces de una solución superadora. Acorde con el desafío de estos tiempos, no es más de lo mismo de lo que se hizo en el pasado, que era repartir títulos”.

Añadió: “creo que es una herramienta de mucho futuro porque le da sostenibilidad. No solo resuelve la propiedad. Aquí, en el intenso debate que se dio en la Cámara se comentaron situaciones en las que adquirientes legítimos de tierras, luego las tuvieron que vender porque tenían que mantener a sus familias. Eso no volverá a ocurrir porque ahora quedan en manos de la cooperativa que les dará una contención verdadera y a futuro”.