Por decisión unánime, los integrantes del cuerpo legislativo local aprobaron la ordenanza por la cual se declaró la emergencia económica municipal por un plazo inicial de seis meses, con opción a renovarla por otro período similar. De esta forma, los ediles de las distintas fuerzas representadas en el Concejo Deliberante avalaron de manera urgente el proyecto enviado por el intendente interino Raúl Figueroa.

Este último, afronta desde que asumió en noviembre una delicada situación financiera con más de 7 millones de pesos de deudas con distintos acreedores que deben enfrentarse en el corto y mediano plazo. La normativa de excepción que avalaron los legisladores municipales en la sesión del último lunes creará una suerte de blindaje al estado local contra posibles embargos o demandas judiciales, al menos por los próximos seis meses.

Pero, además, los términos de la norma exigen que todo posible acreedor debe presentar las facturas y comprobantes que comprueben fehacientemente el derecho a cobrar una deuda del municipio.

Una vez que se verifique ese compromiso, la intendencia negociará caso por caso la forma de abonar y los plazos para hacerlo.

Durante la sesión el concejal José Cusumano felicitó a todos sus colegas “porque dentro de las diferencias hemos podido constituir esta herramienta y este pueblo va a salir debidamente adelante”.

Por su parte, la edil Amelia Farías admitió que “esta ordenanza no solamente era necesaria sino de carácter urgente”.

Según había adelantado el intendente interino Raúl Figueroa, “la aprobación de esta normativa de emergencia no afectará en nada la continuidad de los servicios municipales ya que sólo busca cuidar el Patrimonio de los deanfunenses”.

Aunque distintas fuentes aseguran que la deuda total del municipio es varias veces millonaria, el titular del Departamento Ejecutivo adelantó que no existen cifras precisas porque falta documentación y ahora los acreedores deberán verificar las supuestas sumas con derecho a cobrar.

En declaración a distintos medios de prensa loca, Figueroa precisó que “en estos momentos tenemos contadores y abogados de confianza como para analizar la cuestión».