Aprobaron la reforma del Código Procesal Penal

Es considerado un gran avance para la provincia la adopción de un modelo de justicia penal que se adecua a la realidad nacional.

Fue aprobado con fuerza de ley 5.623 la modificación del Código Procesal Penal de la Provincia de Jujuy, sancionada en la madrugada de ayer con el voto unánime de los 37 legisladores presentes en la Cámara Legislativa, tras la lectura de los 557 artículos.

La norma prevé cambios en los procesos penales, además esta legislación haría que la Provincia esté a la par de acuerdos y pactos incorporados con la reforma constitucional de 1994.

Al iniciar el tratamiento del proyecto del nuevo código, legisladores se mostraron muy convencidos con el trabajo que venían elaborando hace casi cinco años con aportes de varios organismos jurídicos, especialistas en la materia como fueron los integrantes que conformaron la Comisión especial mixta integrada por legisladores, jueces, defensores públicos, representantes del Colegio de Abogados y del Colegio de Magistrados, a quienes debe sumarse también el aporte que formularon casas de estudios universitarios de la provincia.

Legisladores resaltaron que la norma significará una gran inversión del Estado ya que se prevé la creación de institutos en el sistema judicial de la Provincia.

El secretario parlamentario Alberto Matuk fue quien tuvo la responsabilidad de leer los 557 artículos para la aprobación de la norma.

El Código Procesal Penal para la provincia de Jujuy está dividido en una primera parte general, cinco libros con sus respectivos títulos, capítulos y secciones.

La idea central de la reforma es pasar del sistema mixto inquisitivo que hoy rige en la provincia a un sistema de corte netamente acusatorio, por el cual los fiscales pasarían a detentar no sólo la acción penal sino también la sustanciación del proceso, que así, sería controlado por los jueces que hoy se encargan de la instrucción de las causas.

Es así que toda persona que fuere parte en un proceso penal goza de la garantía de que la sentencia definitiva que se dicte no viole las normas constitucionales y sea una derivación razonada del derecho vigente, conforme a los hechos acreditados en la causa.

Otro artículo destaca que nadie podrá ser penado sin juicio previo conforme a las disposiciones de este Código ni juzgado por otros jueces que los designados, de acuerdo con la Constitución, competentes, independientes e imparciales.

Además toda persona se presume inocente mientras no sea declarada su culpabilidad por sentencia firme de juez competente, dictada previo proceso penal público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie puede ser privado de su libertad arbitrariamente, salvo por las causas y en las condiciones fijadas previamente por el Código.

Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal debiendo allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. Los jueces no podrán realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal, la que será ejercida exclusivamente por el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales no podrán realizar actos propiamente jurisdiccionales.

La sesión finalizo a las tres de la mañana ya que luego de las cuatro horas de lectura de los artículos del Código Procesal Penal, hubo un extenso debate por el proyecto de resolución presentado por los diputados Mario Pizarro, Alberto Bernis y Jorge Rizzotti de la UCR sobre una cuestión de privilegio en contra del señor Ruperto Gil , secretario de Gobierno del Municipio de El Carmen.

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