Aprobaron ley minera, pero sigue la polémica

La Ley que regulará la actividad minera en Neuquén recibió el voto favorable de 20 legisladores. A las pocas horas, desde la comunidad Mellao Morales de Loncopué se denunció que hubo una intimación incumpliendo lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia respecto del emprendimiento minero en Campana Mahuida.

Finalmente fueron 20 los diputados que avalaron la ley que regulará la actividad minera en Neuquén, con un nuevo esquema de control que prohíbe la utilización de mercurio, soluciones a base de cianuro o acido sulfúrico en procesos de lixiviación a un radio de 10 kilómetros de cualquier localidad cercana y delimita un perímetro de un kilómetro de ancho a partir de la línea máxima de la creciente de todos los ríos y lagos.

La Ley fue sancionada con la aprobación del bloque del MPN, el Interbloque Peronista Federal, los diputados, Miguel Ángel Guidali –Concertación- y Hugo Goncalves -Alternativa Neuquina-, quien fue el autor de la iniciativa original, que recibió muchas incorporaciones: de 8 artículos pasó a tener 28.

Pocas horas después de la aprobación de la Ley, el diputado Rodolfo Canini se encargó de divulgar que en Cajón del Manzano, sede de la Comunidad Mellao Morales, se hizo presente Hércules Luis Cavazza, un funcionario de la Fiscalía de Estado, "a notificar al Lonco Pedro Beroiza sobre el informe de impacto ambiental en torno al proyecto minero (de explotación de cobre) intimando a la Comunidad a elevar cualquier observación en un plazo de 20 días".

"Queremos denunciar que una vez más, el Gobierno de la Provincia, en esta oportunidad a través de la Fiscalía de Estado, insiste en avanzar en el Proyecto Minero Campana Mahuida, haciendo oídos sordos a la medida cautelar de suspensión de todo el proceso administrativo", dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia, se expresó en un comunicado.

Qué dice la Ley

La nueva normativa determina las áreas en las que se puede desarrollar la actividad minera. Demarca zonas de Protección Ambiental cercanas a las ciudades y a los cauces hídricos para prohibir el emplazamiento de plantas industriales en su interior. Obliga a las empresas del sector a aprobar una Declaración de Impacto Ambiental, medida que garantiza condiciones de menor impacto y asegura la efectiva protección y preservación de cursos de agua y acuíferos fuera de zonas de riesgo de inundación o cauces aluvionales.

Para asegurar los controles ambientales, la autoridad de aplicación debe designar en cada explotación minera un inspector permanente, licenciado en minería o geología con especialización en evaluación y remediación ambiental. Además, para trasparentar las inspecciones, la ley faculta a los municipios cercanos a proponer una nómina de vecinos para que formen parte de las mismas.

Antes de poder comenzar a realizar cualquier actividad, las empresas tienen la obligación de presentar un Informe de Impacto Ambiental que contenga y explique el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo que se pueda ocasionar sobre el medioambiente. En dicho informe se deben constatar los métodos que se emplearán en la etapa de exploración y las medidas de protección ambiental que se estimen necesarias. El Informe tiene que ser aprobado por la autoridad de aplicación y debe ser actualizado cada dos años, presentación que incluirá el resultado de las acciones de protección ambiental ejecutadas.

La ley regula toda actividad relacionada a prospección, exploración, explotación, desarrollo y almacenamientos de sustancias mineras, así como los procesos de trituración, molienda pelletización, refinación, entre otras tareas. En ese sentido, responsabiliza de todo daño ambiental por incumplimiento a las personas que las realicen. Aclara que en caso de incumplimiento, las sanciones comprenden desde el simple apercibimiento, continúa con la multa; la suspensión del certificado de Calidad Ambiental; la obligación de reparar el daño ambiental; la clausura temporal, agravada por la reincidencia; hasta la inhabilitación y cierre del establecimiento.

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