Se aprobaron leyes para expropiar 1.000 hectáreas

Desde que comenzó la gestión de José Alperovich como gobernador, el 25% del total de la producción de normas de la Legislatura se destinó a la materia expropiatoria. El valor de las propiedades es fijado por una comisión estatal especial que preside el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin. Cómo son el trámite administrativo y las posibles acciones en la Justicia.
La Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a expropiar, cuanto menos, 1.000 hectáreas desde el 29 de octubre de 2003, cuando José Alperovich asumió su primer mandato.

La superficie equivale a 100 estadios de fútbol, con sus tribunas e instalaciones; 10 veces la extensión del predio destinado a la planta de tratamiento de basura en Overá Pozo, o dos veces y media el terreno total del megaemprendimiento barrial de Lomas de Tafí.

La dedicación parlamentaria a esta temática se evidencia, también, en la cantidad de normas aprobadas con este fin en estos casi seis años de gestión alperovichista. Acumuladas, suman 225 las leyes relacionadas con la materia expropiatoria, en sus distintos aspectos. La cifra representa el 25% de las 895 leyes que aprobó en total la Cámara en el período 2003-2007 y en lo que va del segundo mandato.

Los legisladores aprobaron 160 expropiaciones pero, además, derogaron por ley otras 34 que no fueron consumadas por distintos motivos, y sancionaron 31 reformas a leyes que tenían algún error (casi todas, por mal registro del padrón inmobiliario), según el relevamiento obtenido del Registro Oficial de Leyes y Decretos del Ejecutivo.

La lentitud del proceso o las trabas judiciales hacen que, a veces, la Provincia desista de la adquisición y busque otras alternativas. Como ejemplo de compra compulsiva que se dejó de lado está el intento frustrado de adquisición del ex cine Plaza (estaba valuado oficialmente en unos $ 6 millones), que iba a ser destinado a un centro cultural oficial, y para el cual se sancionaron dos leyes distintas.

Aún resta que el Gobierno numere y publique la última expropiación, referida a una propiedad de San Lorenzo al 300, por la cual se tendrá acceso directo a las cocheras del Tribunal de Cuentas y se construirán oficinas públicas en el futuro. Si bien Alperovich anunció el lunes que ya había promulgado esta norma, aún no apareció en el Boletín Oficial, paso indispensable para que sea obligatoria y pueda comenzar a ejecutarse.

La mayoría de las leyes fueron sancionadas con el objetivo de que las tierras sean destinadas a la regularización, erradicación, consolidación de asentamientos y de barrios de emergencia o construcción de viviendas. Pero también hubo normas que se justificaron en la necesidad de alguna área del Estado de levantar o ampliar instalaciones (escuelas, comisarías o centros de atención primaria, por ejemplo), para tener más oficinas o para realizar obras de infraestructura (rutas, canales de desagüe o depósitos de residuos urbanos).

En un tercer grupo, aparecen las autorizaciones destinadas a habilitar espacios recreativos o de carácter religioso.

La tasación

La cotización de cada propiedad expropiada depende del valor objetivo del bien (fundamentalmente por el lugar donde está; el uso que tenía; el destino proyectado y las cotizaciones fiscal y de mercado) y los daños directos e indirectos que puedan producir en su dueño. Las variables son analizadas por la Comisión de Tasación de la Provincia, integrado por funcionarios de distintos organismos y presidida por el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin.

Los particulares que son propietarios del predio pueden rechazar el precio y contraofertar. En caso de llegar a un acuerdo entre el Estado y los dueños sobre el monto, se lo debe cancelar en 30 días. Las negociaciones y el pago se realizan a través de Fiscalía de Estado. Si no hay consenso, el Gobierno debe ir a la Justicia para conseguir su objetivo, con un trámite sumario.

Los ciudadanos también pueden actuar judicialmente, y cuestionar tanto el monto dado por el Gobierno como la justificación de utilidad pública del inmueble afectado, declarada por la ley. Asimismo, pueden objetar que se dé a la propiedad un destino distinto al dispuesto en forma expresa en la norma.

Garantías para el derecho a la propiedad privada

El margen que tienen los jueces como intérpretes finales de la Constitución, y de la adecuación de las leyes a esta, es una cuestión que genera polémica en lo referido a revisar la declaración de utilidad pública efectuada por el Congreso, o por una Legislatura provincial, para que, en un caso concreto, se proceda la expropiación de la propiedad de un particular.

La tendencia jurisprudencial reinante, según explica el administrativista Juan Carlos Cassagne, "limita el control de los jueces a los casos en que median supuestos de gravedad o de arbitrariedad extremos". El argumento es que, de otro modo, se penetraría en una potestad reservada al legislador (la de determinar concretamente cuándo hay utilidad pública), lo que puede afectar la división de poderes.

No obstante, el propio Cassagne se manifiesta en contra del control restrictivo, para evitar que pudiera consagrarse "la omnipotencia del legislador".

"El estado de derecho exige, por el contrario, que para garantizar los derechos y garantías fundamentales, en este caso vinculados con la propiedad privada, la declaración de utilidad pública que efectúa el Parlamento pueda impugnarse por los particulares antes o después del procedimiento expropiatorio, y ser objeto de un control amplio por parte de los tribunales de justicia", esgrime.

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