Aprobaron la ley de enganche para los jueces

Hubo polémica. Unión por Córdoba y UCR, a favor. El juecismo y el ARI criticaron "demagogia".
La ley por la que los sueldos «de los jueces y miembros del Poder Judicial serán fijadas a partir del 1 de enero de 2012, de manera automática, en el 90% de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos de la Justicia Federal» fue la más polémica de las muchas normas sancionadas ayer, en el cierre de las sesiones ordinarias de la Legislatura.

La ley de enganche automático fue justificada por Domingo Carbonetti (UPC) en que dará «mayor independencia» al Poder Judicial, y en que es injusta la diferencia entre los sueldos de los jueces federales y los provinciales.

El bloque radical, curiosamente, apoyó sin fundamentar. El presidente del bloque, Hugo Pozzi, apenas anunció que el radicalismo votaría a favor. Los radicales dejaron toda la sensación de estar dando un respaldo vergonzante a la iniciativa, que implica un aumento de los salarios de los jueces provinciales.

Roberto Birri (FCyS) señaló que es «contradictorio» que el gobierno mantenga la emergencia previsional, que cuando se declaró fue con el argumento de los haberes de los pasivos judiciales, y, mientras tanto, impulse una equiparación que garantiza un incremento salarial a los jueces. Para el socialista, esto obedece al «estado de confusión» del gobierno.

Omar Ruiz (ARI) advirtió que la ley de enganche automático habilita a un aumento de los salarios en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, tema que, señaló, todos querían pasar por alto. Además, cuestionó que esas subas quedarían a discreción del gobernador Juan Schiaretti.

Muy dura fue Nadia Fernández (Peronismo Militante), quien calculó en poco más de 7 mil pesos el aumento para los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Dijo la enfática legisladora que era un nuevo «privilegio» para el Poder Judicial, y destacó el hecho que los empleados lidian en estos días por una recomposición de sus salarios.

Caja de Jubilaciones

También fue polémica la declaración de la Cámara, impulsada por los votos del oficialismo, para expresar preocupación por el fallo de Primera Instancia que ordena el pago en pesos de la totalidad de las denominadas jubilaciones de privilegio.

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