Aprobaron la “emergencia habitacional” en Neuquén

Tras el acuerdo alcanzado la semana pasada, el Deliberante transformó en ordenanza un compilado de buenas intenciones que instala en el Municipio un problema arduo: el loteo de tierras y la construcción de viviendas.
El Deliberante capitalino cumplió con lo acordado hace una semana, y aprobó en sesión especialmente convocada este lunes una emergencia habitacional que combina ideas de todos los sectores políticos, para enfrentar una de las carencias más promocionadas por la prensa de los últimos tiempos en la provincia.

El proyecto es tan ambicioso como ampuloso en su redacción, ya que induce a pensar en una política fundacional para resolver problemas creados por la falta de viviendas. La realidad, posiblemente, no será tan auspiciosa, sobre todo en un contexto económico que sigue complicándose y que puede hacer trizas cualquier plan sacado a los apurones.

La norma aprobada había sido acordada la semana pasada por los distintos bloques del Deliberante. Había recelos en muchos concejales. Sobre todo en la sinceridad de los recursos disponibles. Y también porque de hecho se instala en la Municipalidad un problema más, arduo y difícil de resolver.

Se acordó que los recursos para llevar adelante la política habitacional surgirán del 50% de los fondos que reciba la municipalidad de Neuquén de los nuevos contratos petroleros, más el dinero que ingrese a las arcas municipales provenientes de la venta de tierras fiscales.

Se incluye la creación de una serie de instrumentos para la instrumentación de la norma: un Banco de Tierras que tiene como finalidad conocer la disponibilidad actual de lotes de propiedad municipal o provincial; un Registro de Ocupantes de tierras fiscales; y un Registro de Solicitantes Único y Público del cual se excluirán aquellas personas que posean inmuebles, permisos de ocupación o tenencias precarias.

La iniciativa incluye también la conformación de una Unidad Ejecutora que coordinará las acciones entre Municipio y Provincia.

El organismo estará integrado por cuatro representantes del ejecutivo local designados por el intendente y dos representantes del Cuerpo Legislativo designados por la comisión de Obras Públicas. También se invitará a participar a funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Sus objetivos serán la planificación y otorgamiento de lotes con servicios básicos (luz y agua) y la regularización de asentamientos ya consolidados. De igual forma, se encargará de la fiscalización de las adjudicaciones y deberá elevar un informe trimestral de lo actuado al Concejo.

La Unidad Ejecutora tendrá la facultad de elevar a los ediles pedidos de flexibilización de las normas vigentes para la regularización de asentamientos. Estas solicitudes deberán ser tratadas por el cuerpo a la sesión siguiente de su ingreso.

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