*Se aprobará el crédito para seguir con la "ciudad judicial"

Tuvo dos despachos el proyecto de toma de crédito hasta 140 millones de pesos. El de mayoría no cuestiona, el de minoría pone énfasis en los altos costos, que se consideran directamente como sobreprecios. Estuvo en la comisión de Asuntos Constitucionales el presidente del Tribunal, Oscar Massei, acompañado por el administrador, Roberto Frasetto.
Con despachos por mayoría y minoría, los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia aprobaron tomar un crédito de hasta 140 millones de pesos que se destinará a terminar la primera etapa de la obra de la "ciudad judicial", un complejo que se está construyendo al lado de la Legislatura, y cuya ejecución está sospechada de sobreprecios. Antes de la decisión de los diputados, el presidente de la Corte provincial, Oscar Massei, propuso integrar una comisión de representantes de los tres poderes del Estado, para negociar una reformulación de costos con la empresa constructora Riva SA, a cargo de la obra.

El despacho por mayoría corresponde al bloque del MPN y el Interbloque Peronista Federal, ajustado al proyecto original presentado por el Ejecutivo, que no hace ninguna alusión crítica a los costos; y el de la minoría, a los bloques de la Concertación y Alternativa Neuquina, que piden reformular los costos y la obra, detallar las demás obras contempladas en el proyecto y asignar la devolución del crédito al poder Judicial.

La resolución de la comisión fue tomada tras hablar del tema con el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Oscar Massei, quien aseguró que no se hizo ninguna denuncia por sobreprecios en el ámbito del máximo órgano judicial, y explicó que la Fiscalía está llevando adelante una investigación de oficio a partir de las denuncias públicas.

"Hay desconfianza entre nosotros", deslizó el titular del TSJ, y propuso formar una comisión negociadora con representantes de los tres poderes del Estado para reformular los costos de la obra con la empresa constructora.

Massei remarcó que hay que continuar con la edificación porque la obra ya está diseñada y licitada, y argumentó a favor de la continuidad con el hecho de que los alquileres del TSJ insumen 9 millones de pesos anuales.

Ratificó que el poder Judicial es el comitente de la construcción del edificio y explicó las reprogramaciones de la obra a partir de las fluctuaciones en el financiamiento. "Si hay dudas, sigamos el camino que tengamos que seguir", sostuvo.

El administrador general del TSJ, Roberto Frasetto, centró su planteo en la condición de "ajuste alzado" del contrato e informó que al poder Judicial le resta efectuar un aporte de 4 millones de pesos. Rechazó sobreprecios en el costo del metro cuadrado de la ciudad judicial y comparó los 5524 pesos del m2 de la obra con los 5373 pesos que cotiza el m2 de la Legislatura.

En relación al sobreprecio de algunos artículos, aclaró que los ítems del presupuesto incluyen gastos adicionales como mano de obra y materiales de colocación. Por caso, graficó que el gasto en espejos de 50 mil pesos no corresponde a una cotización individual del artículo sino al monto global previsto para los 69 sanitarios del fuero penal.

El presidente de la comisión, José Russo, subrayó que el objetivo de convocar al TSJ es encontrar los justificativos para aprobar el crédito con el gobierno nacional y rechazó cualquier intromisión en otro poder del Estado.

Por la Concertación, Ariel Kogan hizo eje en el orden de prioridades políticas y planteó que los hospitales y escuelas de la provincia también merecen la mejor infraestructura y equipamiento. Marcelo Inaudi, del mismo bloque, manifestó que los sobreprecios son "espantosos" y se pronunció a favor de seguir la obra pero no "a paquete cerrado". En sentido similar, Soledad Martínez, de Alternativa, apoyó la finalización del edificio y propuso reconsiderar el financiamiento de acuerdo con la realidad de la provincia.

El diputado Horacio Rachid, del Interbloque Peronista Federal, argumentó que la ciudad judicial es una obra que jerarquiza el servicio de justicia y consideró que la infraestructura actual atenta contra una prestación eficiente. Además, denunció que hay sectores que intentan parar el proyecto. Su par Daniel Baum aseguró que si existen sospechas de corrupción deben resolverse en el marco de una denuncia penal y atribuyó el problema de la obra pública en la provincia al decreto 1201 que regula el procedimiento para la redeterminación de precios.

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