Aprobaban la creación de CoSaySA y ley anexa

Pese al rechazo de la mayoría de los diputados renovadores, del Partido Obrero, y de otros legisladores, el justicialismo conseguía al cierre de esta edición aprobar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que crea la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSaySA). Además, lograba hacerlo sin la ley anexa propuesta por la justicialista Adriana Pérez para que la eventual venta de acciones de la sociedad anónima requiera la venia de la Legislatura.
Previo al tratamiento del proyecto, el oficialismo rechazó el tratamiento sobre tablas de tres proyectos de ley: el de Pérez; el del PO que reestatizaba el servicio de agua y saneamiento bajo el control de usuarios y trabajadores; y la iniciativa de la diputada del Partido Propuesta Salteña (PPS), Virginia Cornejo, que proponía que sea administrado por un ente autárquico estatal.

Así las cosas, el gobernador Juan Manuel Urtubey obtenía el apoyo al DNU que constituye la empresa con un 90% de las acciones en manos del Estado, un 10% de los trabajadores, y la posibilidad, por parte del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), de ceder o vender acciones sin ningún tipo de control. La Provincia sólo se reserva la "acción de oro" del 1%, con el poder de veto en algunas decisiones.

El oficialismo fundamentó su apoyo en que la figura de la sociedad anónima iba a permitir mayor agilidad a la hora de administrar el servicio, en que la empresa sería fiscalizada por los organismos de control estatales, y en que iba a poder mejorar el servicio deficiente que prestaba Aguas de Salta.

Hasta Pérez aprobó la norma, argumentando que había que darle un "voto de confianza" al gobierno, por haber asumido el "desafío" de hacerse cargo de la administración del servicio.

La posición de los renovadores fue objeto de una extensa discusión partidaria.

Finalmente, optaron en su mayoría por rechazar el DNU, aunque algunos hicieron caso omiso de la decisión del partido, y apoyaron la norma.

Luego de extensos cuestionamientos a la posibilidad de que la Provincia vendiera acciones sin ningún tipo de control ni transparencia, y de plantear que el decreto entraba en contradicción con la ley de sociedades comerciales, el diputado Teodoro Becker aseguró que "no se está restatizando el servicio, sino que se está cambiando una ficha por otra".

Y concluyó: "esto no es un cheque en blanco, sino que directamente es un suicidio".

El PO reiteró su postura, que ya había hecho pública: que se trataba de un rescate de Aguas de Salta, que se quería ir, y que constituía un nuevo "negociado" con un servicio que es responsabilidad del Estado prestar y un derecho humano.

Comentá la nota