Apoyo en Diputados para la producción maderera

Con la actividad paralizada, firmas del sector suspenderán personal desde el 20.Los afectados son 7 mil.

La Mesa de Consenso Agropecuario de la Cámara de Diputados de la Nación, conformada por legisladores de la oposición, dirigentes y técnicos de las entidades agropecuarias, volvió a reunirse el pasado martes para reimpulsar el tratamiento de proyectos que apuntan a solucionar urgentes problemas del sector.

En el encuentro, la diputada Beatriz Daher solicitó que en la agenda prioritaria se incluya la situación que afecta a fuerzas productivas en la provincia, especialmente en el sector maderero y forestal, donde la prohibición de desmontes y talas que rige en San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria afecta la fuente laboral de 7.000 trabajadores.

Daher también cuestionó aspectos reglamentarios del ordenamiento territorial que, en su opinión, fueron dispuestos "en contraposición con el espíritu de la ley 7543", la norma provincial encuadrada a la ley nacional 26.331 de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos.

El pasado 25 de junio la legisladora oranense acompañó a representantes legales del sector maderero en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través del planteo se solicitó la morigeración de la medida tomada a principios de año por el máximo tribunal, tras exponer la pérdida de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad forestal y la crisis socioeconómica desprendida de la paralización de la actividad en el norte provincial.

El estudio de impacto ambiental acumulativo que pidió la Corte para revisar la prohibición que rige en los cuatro departamentos ya fue girado por la Provincia, pero los sectores representados por la Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de Salta (APROFICSA) y el Centro de Obrajeros del Norte se cuestionan cuánto tiempo más tardará el tribunal en emitir su pronunciamiento.

Suspensiones

En una asamblea desarrollada el pasado 8 de julio en Orán, productores agrupados en el Centro de Obrajeros del Norte resolvieron, por unanimidad, "suspender a partir del día 20 de julio del corriente año a todo el personal en relación de dependencia de las empresas madereras de la zona, conforme lo establece la reglamentación legal vigente".

Similar decisión fue adoptada por madereros del departamento San Martín nucleados en la Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de Salta

Mediante notas cursadas a organismos de Trabajo, el sector señaló que la duración de las suspensiones estará supeditada a la celeridad con que se destrabe la situación originada por la decisión de la Corte.

Sin reservas

Por todos los motivos antes expuestos se advirtió que una parte sustancial de la disponibilidad de madera en bruto de la temporada anterior ya se perdió, o sólo queda stock de algunas de las doce especies que normalmente se comercializan. Por esta misma razón no son pocos los contratos o pedidos formales desistidos o perdidos.

Desde el Norte se hizo notar que la actividad de las industrias locales no se limita a los aserraderos, ya que en las últimas décadas se incorporaron diversos procesos para el agregado de valor a la materia prima.

Hoy -se recalcó- existen numerosos secaderos que permiten lograr en corto tiempo un producto estandarizado y estable, con el que luego se elaboran pisos, aberturas, revestimientos y muebles que, en una amplia gama, se destinan al mercado interno y en algunos casos se exportan. El escenario de la actividad afectada incluye, además, a una gran cantidad de pequeñas carpinterías, fábricas de envases y otros eslabones de una cadena de valor con puestos de alta calificación.

Familias sin trabajo

Con todo, se estima que cerca de 7.000 familias dependen de la actividad forestal en los departamentos donde rige la prohibición que abarca -sin ninguna diferenciación- talas y desmontes.

Las medidas tampoco se detuvieron en distinguir indicadores de la realidad productiva, económica y social del norte salteño, donde las generalizadas prohibiciones también encuentran afectadas hoy a comunidades aborígenes y a empresas con sello verde forestal de certificación internacional.

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