El aporte de subsidios, una decisión política.

Desde el Ministerio de Industria provincial informaron que, en los casos en que el siniestro es fortuito y afecta a la población, "se ayuda a las empresas".

"La decisión de entregarlos es política. Se hace un relevamiento de los daños, y se los ayuda sobre todo en relación con el personal afectado", explicó Marcelo Barrios, encargado de prensa del ministerio. El funcionario también señaló que no en todos los casos el Gobierno actúa de la misma manera, ya que "no existe un programa oficial de ayuda a damnificados por catástrofe".

El seguro que tenía La Piamontesa no cubrió el total de las pérdidas, con lo cual, según Giacosa, la mitad del monto salió del bolsillo de la empresa y de créditos que aún sigue pagando. Pero sí recibieron 400 pesos por empleado de manos del Gobierno de Córdoba; es decir que, en total, obtuvieron 60 mil pesos en subsidios.

El caso de Dadone e Hijos fue similar: la empresa pidió ayuda al Gobierno y recibió 500 pesos por cada empleado, por el término de tres meses (un total de 120 mil pesos). La maderera no tenía seguro, según Dadone, "porque implica gastos de seis o siete millones de pesos anuales". Olega, de igual manera, recibió un cheque por 34.500 pesos para repartir entre las 35 personas que fueron cesanteadas a fin de año. En cambio, ni Cotagro, ni Orieta, ni Guma pidieron subsidios, porque en esos casos las compañías de seguros respondieron en tiempo y forma. "Cada año gastamos más de un millón de pesos en pólizas", dijo Lulo Bossio, de Cotagro. Los ejecutivos resaltaron el apoyo y la predisposición de la población, que en la mayoría de los casos depende económicamente de las firmas. Orieta, Guma, Olega, La Piamontesa, Cotagro y Dadone se las arreglaron con diferentes estrategias y márgenes de acción, es cierto. Pero la crisis no los superó. Después de todo, se arremangaron, la remaron, y salieron a flote.

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