El juez federal Sebastián Casanello rechazó esta tarde la inhibitoria planteada por el juez con competencia electoral de La Plata, Adolfo Gabino Ziulú, que buscaba acumular en su despacho todas las investigaciones por los aportantes truchos de Cambiemos en las elecciones de 2017. El expediente encabezado por Casanello comenzó en julio, tras la denuncia presentada por La Alameda, e investiga los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad ideológica. En el marco de esta causa, el magistrado ya realizó numerosas medidas, de las que surgieron, entre otras cosas, que existen más de 30 fichas de afiliación falsas. Ziulú es juez subrogante en el despacho electoral de La Plata y la semana pasada pidió tanto a Casanello como al juez de La Plata Ernesto Kreplak –que tiene otra de las denuncias por el caso, difundido por El Destape- que enviaran los expedientes a su despacho, por considerar que eran de competencia electoral.

"En primer término, y conforme lo expuesto, estamos en presencia de dos procesos de distinta naturaleza. El que venimos llevando adelante es una investigación judicial penal, orientada a comprobar si existe un hecho delictuoso, sus circunstancias; individualizar a los partícipes; y comprobar la extensión del daño causado (art.193 CPP). El que se encuentra a cargo del Dr. Ziulú, en cambio, es una pesquisa en materia electoral", sostuvo este miércoles Casanello en su resolución. Cómo saber si figurás como aportante privado de un partido político El magistrado agregó que: “los actos de instrucción realizados hasta el momento han tenido por norte corroborar las falsedades y establecer el origen de las filtraciones, sobre la base de que las personas cuya identidad fue utilizada ardidosamente integran bases de datos de organismos federales con sede en esta Ciudad Anses, INAES, Ministerio de Desarrollo Social-.

En esta última circunstancia reposa hoy la competencia de este juzgado”. En tanto que agregó que todas las “diligencias aquí practicadas tienen por finalidad corroborar los hechos denunciados y si aquellos afectaron no sólo el normal desenvolvimiento de organismos de naturaleza federal con sede en esta ciudad de Buenos Aires con posible participación infiel de algún funcionario (mediante el presunto acceso a sistemas informáticos de ANSES, Ministerio de Desarrollo Social y/o INAES, entre otros), sino también si involucraron una hipótesis de lavado de activos de origen ilícito, tal como fuera presentado el caso por el denunciante e impulsado por el acusador público”.

El magistrado también resaltó que, en el expediente, entre otras medidas, “se ordenó la confección de un informe pericial caligráfico tendiente a establecer si las fichas de afiliación de los ciudadanos convocados por el Tribunal eran auténticas o falsas, sobre el presupuesto de que los testigos no sólo negaron haber aportado sino también, en su enorme mayoría, ser afiliados. También se dispusieron diligencias en otras jurisdicciones para continuar recolectando testimonios de personas que figuran como aportantes privados de la campaña aludida”. Por otro lado, en su resolución, Casanello declinó la competencia parcial, por cuestiones territoriales, de lo que respecta a las falsificaciones detectadas en 28 fichas de afiliación y mandó ese tramo al juzgado de Kreplak. Cambio de posición de Stornelli Tras recibir la denuncia, en julio, Casanello corrió vista al fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien requirió la investigación para determinar cuál era el verdadero origen del dinero utilizado por el macrismo para sus campañas.

Y también, cómo fue que los responsables del área de recaudación de las campañas obtuvieron los listados de los beneficiarios de planes sociales, como Ellas Hacen o Argentina Trabaja, de dónde salieron la mayoría de los nombres y datos de las personas alcanzadas por las maniobras denunciadas. Entonces, el fiscal consideró que el caso era de competencia penal, sin embargo, la última semana, tras recibir el pedido de Ziulú dictaminó en ese sentido y consideró que debía investigar la justicia electoral.