El Gobierno parece aprender rápido de sus equivocaciones. Luego de la molestia general que ocasionaron los aumentos en los servicios de luz y gas, AySA, la empresa que presta el servicio de agua potable y desagües cloacales en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires aplicará rebajas de hasta el 50% en los cargos fijos de sus facturas para usuarios no residenciales que cumplan una función social y no tengan fines de lucro.

La medida favorecerá a clubes de barrio, hospitales públicos, escuelas públicas o privadas que no busquen una ganancia, como las constituidas por asociaciones de padres y centros de jubilados, salas teatrales y comedores comunitarios como el de Margarita Barrientos, entre otros.

En cambio, quedarían excluidos los clubes de fútbol, por ejemplo, y las clínicas y sanatorios privados.

Los usuarios del servicio que quieran acceder a ese beneficio tendrán que solicitarlo a la empresa, que luego remitirá el pedido al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que tiene la última palabra.

La incidencia del cargo fijo sobre la factura de cada cliente puede ser muy variable. Según las cifras de AYSA, representa en promedio cerca de un 40% del total. A ese monto se le reducirá el 50% para las entidades beneficiadas. Por ejemplo, para un club de muchos metros cuadrados y poco consumo de agua relativo, el cargo fijo es muy relevante.

"Históricamente existe un sistema que se llama tarifa social comunitaria, cuya aplicación ha sido dificultosa para los potenciales beneficiarios porque obligaba a presentar muchos papeles. Este nuevo mecanismo lo reemplazará", le explicó a LA NACION Martín Heinrich, director general de AySA.

El ejecutivo agregó: "Esta decisión ubica a los clientes no residenciales sin fines de lucro en el mismo nivel que los residenciales [hogares]. Para comparar, en clientes con consumo medido como en los no medidos el cargo fijo del primero era el doble que el segundo".

En la zona de concesión de AySA hay unos 300.000 usuarios no residenciales. La empresa estima que no más de 10.000 deberían recibir los nuevos beneficios.

Del total de clientes que no son hogares, sólo la mitad tiene medidor. AySA puso en marcha un plan de inversiones por $ 700 millones para que a más tardar en los próximos dos años todos puedan saber cuál es su consumo y así organizar mejor el uso del agua. Los cargos por instalación y provisión de medidores quedarán a cargo de AySA.

La empresa estatal de agua aumentó en abril un 300% en promedio las tarifas de sus servicios, que pasó de $ 132 a $ 500 por bimestre en la mayor parte de los casos.

Los incrementos serán distintos según la zona. Por ejemplo, una casa en Villa Fiorito que sólo recibe el servicio de agua paga ahora 121 pesos, 365% más que los 26 pesos que desembolsaba antes, mientras que un vecino de Villa Lugano con servicio de agua y cloacas que pagaba $ 51 recibe una factura de $ 244, es decir, un 378% más que hasta marzo.

Un departamento en Ramos Mejía con agua y cloacas paga un 320% más ($ 885, en comparación con los $ 210 anteriores), y una casa en Caseros desembolsa $ 383, casi cinco veces más que hasta ahora.

AySA implementó también una tarifa social que pueden pedir quienes en cada hogar sumen ingresos menores a dos haberes mínimos. Con ese requisito puede recibir la tarifa subvencionada. Quien esté en la tarifa social paga un máximo de $ 168 por bimestre.

Pero restaba definir un mecanismo de exención para entidades de bien público, que ahora se trata de cubrir.