Como todos los años, Ricardo Lorenzetti volvió a desplegar ayer su habilidad para la oratoria. En un contexto en que el Poder Judicial se ha vuelto protagonista político y después de haber recibido críticas duras de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema se las ingenió para abrir “el año judicial” con un discurso de aspecto catedrático y moderado, que a la vez podía leerse como un decálogo de observaciones para todos los sectores. El eje quedó concentrado en lo que llamó las “víctimas” y las “tragedias” del país que demandan evitar la “impunidad”. Para eso, la gran sorpresa de la jornada fue la proyección (a modo de introducción) de un video que mezclaba la muerte del fiscal Alberto Nisman con otras de todo tipo, incluidas algunas donde hay responsabilidad estatal o política. A partir de allí, puso tanto énfasis en recomendarles a los jueces que se concentren “en los procesos” en vez de convertirlos “en disputas de intereses y de poderes” como en refutar punto por punto las observaciones de la Presidenta sobre el desempeño del alto tribunal en casos como el del atentado a la Embajada de Israel –que definió como “cosa juzgada” (ver página 3)–, además de decir que los tribunales están para poner límites cuando los otros poderes del Estado toman decisiones inconstitucionales. Muchas de sus frases pueden leerse indistintamente como críticas o gratas para el poder político o a los jueces, o ambos a la vez. Lorenzetti pidió “cooperación” entre todos. En el Gobierno recibieron el discurso en esa línea, poniendo énfasis en el aspecto “conciliador”.

Pasadas las doce, cuando la sala de audiencias estaba repleta, se apagaron las luces y se encendieron monitores a ambos lados. La locutora anunció un video institucional. Lo que se vio fue una sucesión de imágenes con el himno nacional de fondo: primero centros clandestinos, Madres de Plaza de Mayo, los escombros de la AMIA, la cara de José Luis Cabezas, la de Axel Blumberg, Marita Verón, Julio López, la imagen de Mariano Ferreyra, el maestro Carlos Fuentealba, Angeles Rawson, el asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán, las muertes del 20 de diciembre de 2001 y al final, en un primer plano cada vez más cercano, el fiscal Nisman. El silencio fue absoluto. Había estupor entre el público, que no fue especialmente elogioso con el video (ver aparte).

Fue una introducción emocional, una puesta en escena basada en casos penales, crímenes de distinto tipo, algunos cometidos por fuerzas del Estado, que le sirvió a Loren-zetti para referirse a las “tragedias” que hay que ver, dijo, con “rostro humano” y que “han dejado una obligación, que es terminar con la impunidad (...) terminar con las investigaciones oscuras que se traban y que no se sabe muy bien a dónde terminan”. Entonces planteó: “Que nos enfoquemos en los procesos y no hagamos de ellos disputas de intereses, de poderes o de cuestiones totalmente ajenas a la lucha contra la impunidad”. Algunos presentes entrevieron una alusión crítica a la marcha del 18F, convocada por fiscales y alentada por jueces con el argumento del homenaje, pero con efecto político. Sin embargo, en el video la figura de Nisman fue exaltada. Llamativamente el Centro de Información Judicial no lo puso en su página, sólo una filmación del acto.

La ceremonia de abrir “el año judicial” es una creación de Loren-zetti, quien preside el tribunal desde 2007. Allí suele realzar su figura y repartir, enfático y docente, mensajes para la propia corporación judicial, para la ciudadanía y la dirigencia política. Su gran arte es el de complacer a todos y que cada medio de comunicación tenga el titular que mejor le calce.

Dedicado a las togas

Sus más fieles esperaban alguna respuesta al mote de “Partido Judicial” que les propinó la Presidenta. No hubo exactamente eso, pero sí frases que los reconfortan cuando los comparan con la política: los jueces, dijo Lorenzetti, deben actuar “de manera imparcial, justa, sin flaquezas, sin ceder a las presiones” aunque “tienen muchas ideas, no viven fuera del ambiente político o religioso”; en la imparcialidad “se juega la credibilidad”; “el Poder Judicial debe poner límites” sin “sustituir la acción de gobierno”; “estamos atados a la Constitución”; “existe la facultad de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de las leyes” gracias a lo que “se pudo declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, o de los trabajadores, o de las minorías”. Fue insistente en la “cooperación entre los poderes del Estado” y reclamó “que sean consultados antes de implementar reformas”. Como es sabido, la reforma procesal aprobada el año pasado (que suma poder de investigación a los fiscales) ha motivado una reacción feroz de algunos jueces.

Al tiempo que inflaba la autoestima de su auditorio judicial, Lorenzetti lo mandó concentrarse en los expedientes y no dejarse distraer por “peleas de vecinos” o la “especulación política”. “Hay que transformar el Poder Judicial”, que “es un servicio”, proclamó. “Nunca va a ser popular, porque sería un error que los jueces busquen la popularidad”, advirtió, en la era de la Justicia mediática. Todo el tiempo entremezcló alusiones a las “víctimas” y la población en general. “Las víctimas no esperan que le digamos que sus frustraciones son producto de los jueces, o del Poder Ejecutivo, o del Legislativo (...) esperan una actitud más madura”.

En el recinto señorial escuchaban todos los jueces federales menos Norberto Oyarbide, algunos camaristas y casadores, había referentes de la Asociación de Magistrados, como Luis Cabral, y de Justicia Legítima, como María Laura Garrigós de Rébori. Parada a un costado estaba la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Estuvieron el ministro de Justicia, Julio Alak; su segundo Julián Alvarez, la procuradora Alejandra Gils Carbó, el titular del Consejo de la Magistratura, Gabriel Vázquez, y algunas ONG. La Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de los organismos de derechos humanos. Los integrantes de Memoria Activa (querella de AMIA) no consiguieron entrar a la sala y los mandaron al patio, donde había una pantalla. Se fueron (ver aparte). Fue una exclusión llamativa, ya que tenían silla reservada algunas figuras de los medios, desde Jorge Asís, Luis Majul, Daniel Hadad hasta Jorge Fontevecchia. Incluso para hacerles lugar a ellos un acomodador hizo abandonar el asiento a un juez de un tribunal oral.

Lorenzetti usó muchas veces las palabras “debemos”, “hay que”, “tenemos”, “es bueno”, “no es bueno”. En el Gobierno cayó bien que dijera, como un toque conciliador: “Hay que respetar las instituciones: respetar el Poder Judicial. Respetar el Congreso y también la institución presidencial”. O también: “Debemos preservar la democracia”. También leyeron como un mensaje positivo y un gesto del presidente de la Corte que no se hubiera invitado a dirigentes políticos de la oposición.

Respuestas a Cristina

Lo que no agradó tanto –pero estaba en los cálculos– fueron las respuestas puntuales a la Presidenta. La primera, porque había señalado a la Corte porque un tribunal oral priorizó el juicio por la tragedia de Once al del encubrimiento del atentado a la AMIA (que tramita hace más de diez años). “Es bueno que nos pongamos de acuerdo que los juicios se hagan de manera rápida”, sentenció con ironía Lorenzetti. Pero dijo que la Corte era ajena a aquella cuestión, que adjudicó al propio tribunal oral, por la carencia de otros tribunales. “La Corte no tiene ninguna competencia. No puede indicarle a un tribunal que causas pueden llevar adelante (...) el problema es que los tribunales orales están saturados”. Luego explicó que en 2010 se crearon dos nuevos tribunales orales (7 y 8), pero todavía no están conformados (porque el Consejo no envió las ternas). A esto le agregó un reclamo. Para poder “descubrir a los culpables” falta “capacidad mejor de investigación penal y criminal”, sostuvo. “Pedimos una profunda reforma para contar que los jueces o quienes lleven adelante las investigaciones cuenten con una Policía Científica con capacidad técnicas”.

Lorenzetti introdujo otra “aclaración” respecto de la causa del atentado contra la Embajada de Israel, en 1992, que siempre estuvo en manos de la Corte y por cuyo “resultado” se preguntó Cristina Kirchner. “Hubo una sentencia en el año 1999, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cual es la materialidad del hecho y la imputabilidad, es decir quiénes eran los culpables. Y encontró culpable a un grupo, Hezbolá. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos como tribunal modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada”, aseveró. La frase es sinuosa y con trampa, porque la causa no está cerrada, sólo en algunos aspectos (ver página 3). Más aún, una resolución de 2006 de la Corte dice que “corresponde seguir con las actuaciones”.

En forma indirecta, el juez también pareció referirse al reproche que le hizo la mandataria por el fallo que rechazó en dos párrafos el reclamo de ex combatientes para que las torturas, muertes y vejaciones que sufrieron en la guerra de Malvinas sean analizados como crímenes de lesa humanidad. “Respecto de la calificación de lesa humanidad, la Corte no ha fijado posición en ningún otro caso, sobre otros aspectos calificables o no, como de lesa humanidad”, señaló. En ese momento aprovechó para doblar la apuesta y decir que la Corte impulsó y seguirá impulsando los juicios de lesa humanidad. En eso, dijo, “no hay marcha atrás”.

Lorenzetti siempre se las rebusca para usar la palabra “gobernabilidad”. Esta vez lo hizo con cierta autocrítica, para hablar de que las viejas estructuras judiciales que siguen vigentes vuelven a los tribunales ineficientes. También lo hizo para sugerir sistemas más participativos y puso como ejemplo, con las audiencias públicas a la propia Corte que, prometió –en un momento rayano con el discurso político– tiene “un proyecto de país”.