En apenas cinco sesiones el CAM aprobó casi todo su reglamento

Los concursantes rendirán durante seis horas.
Contra todo pronóstico, en apenas cinco sesiones, los miembros del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) aprobaron prácticamente el reglamento interno, tanto la parte relacionada con el funcionamiento del nuevo órgano, como la que regirá los concursos para acceder a la judicatura. Sólo falta que los consejeros definan la tabla de puntajes que utilizarán cuando deban calificar los antecedentes de los concursantes. Para la celeridad fue fundamental el borrador presentado en la segunda reunión por el presidente del CAM, Antonio Gandur, que, salvo por detalles, fue ratificado casi en su totalidad.

Amén de las polémicas, para acelerar las cosas, el CAM podrá convocar concursos múltiples. Esto permitirá que, por medio de una única selección, sean cubiertas vacantes en una misma instancia y fuero. En todos los casos, los postulantes rendirán, durante seis horas, una prueba que consistirá en la resolución de un caso real o teórico sobre temas de la competencia del juzgado, defensoría, fiscalía o tribunal para el que se concurse.

El examen será confeccionado y corregido (en forma anónima, sin saber quién es el autor de la prueba) por un jurado compuesto por un abogado, un catedrático y un magistrado (igual número de suplentes se designará). No obstante, si lo considerara conveniente, el CAM podrá disponer que el número sea mayor, pero siempre se asegurará que la tercera parte (uno sobre tres) pertenezca a otras provincias.

Fuertes roces

La definición del mecanismo para asegurar la presencia de jurados de otras jurisdicciones, como propuso Gandur en aras de una mayor transparencia, fue el tema que más fricciones generó. La semana pasada, por iniciativa de Antonio Bustamante, representante de los abogados, ya se había aprobado que el evaluador representante de los letrados surgiera de las listas que remitiesen los colegios de abogados de la Provincia (capital y del sur). Esto, en los hechos, significaba que, necesariamente, de afuera debiera ser el magistrado o el académico.

En la sesión del miércoles, la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse mocionó para que fuera revisada la cuestión, de manera que, en cada concurso, se sorteará cuál de los tres segmentos (abogados, jueces y académicos) aportaría el jurado de otra provincia. "Así sería más ecuánime. Pido ese gesto a los abogados", solicitó.

Bustamante replicó que no se podía volver atrás con lo que ya se había aprobado debido a la inseguridad que podía generar. "No se pueden vulnerar normas según las cuales, para estos fines, abogado es el que ejerce la profesión en la provincia, para lo cual debe estar matriculado. Es el que conoce las normas procesales locales", esgrimió.

Eudoro Albo, consejero por los magistrados, retrucó que lo que había dicho Bustamante era aplicable a los jueces provinciales e insistió en que la disposición discrimina a los catedráticos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), "orgullo del NOA". "Si a la transparencia se la asume como un rótulo apriorístico, adjudicable a uno y no a los demás (estamentos), se vacía de contenido el vocablo", esgrimió.

No obstante, en el momento de votar y por considerar que la iniciativa de Vargas Aignasse -a la que apoyaba- era de incumplimiento imposible si no se revisaba lo relacionado con los abogados, Albo se allanó al criterio defendido por Bustamante, el opositor Esteban Jerez y Gandur (de que no se tocara nada). En minoría quedaron Vargas Aignasse y Adriana Najar (PJ).

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