Apelan sobreseimientos a un ex juez y a dos ex fiscales federales

El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano apeló el sobreseimiento con el que fueron beneficiados un ex juez y dos ex fiscales que cumplieron funciones durante la dictadura militar. Estaban imputados por “haber omitido” promover la investigación de las muertes de varios detenidos que estuvieron alojados en la Cárcel Penitenciaria de barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba.
Se trata del ex juez federal Miguel Ángel Puga y de los ex fiscales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo. Éste último era procurador fiscal del Juzgado de Puga, mientras que Fuad Alí hacía lo propio ante el del ya fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma.

Vidal Lascano había imputado a los ex magistrados en julio de 2008 por incumplimiento de los deberes de funcionario público; sin embargo, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, del Juzgado N° 2, los sobreseyó por “extinción de la acción penal”.

En los casos apuntados por Vidal Lascano aparecen mencionados Puga y Cornejo por haber “omitido” investigar las causas de las muertes de José René Moukarzel y Miguel Ángel Moze, ambos víctimas del terrorismo de Estado. A Fuad Alí se le adjudica no haber averiguado los motivos de otras muertes de similares características, entre ellas las de los detenidos José Cristian Funes, Marta del Carmen Rossetti y Arnaldo Toranzo.

Las víctimas forman parte de la causa UP1, que está a punto de ser elevada a juicio y que investiga los crímenes de 28 presos políticos que en 1976 fueron ejecutados en simulacros de fuga luego de ser sacados de la Penitenciaria. Según se ha probado, Moukarzel fue asesinado dentro del penal junto a Raúl Bauducco. El resto de los presos eran matados en operativos callejeros presentados por los represores como “enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”.

Sin persecución penal. Sánchez Freytes hizo lugar a la petición de los defensores de los acusados, con lo cual suscribió el “sobreseimiento” de Fuad Alí, Puga y Cornejo “por extinción de la acción penal”.

“El presente decisorio intenta respetar las garantías que son propias de un Estado democrático de derecho, las mismas que en su tiempo fueron avasalladas por quienes debieron velar por su estricto cumplimiento”, sostuvo el magistrado.

A su vez, Vidal Lascano había apuntado que “el terrorismo de Estado del que fue víctima nuestro país no sólo se ejerció desde los estamentos de usurpación del Poder Ejecutivo, sino también desde un Poder Judicial que fue, al menos, funcional al sistema”.

Ahora, el fiscal apeló el beneficio a los referidos ex funcionarios con el argumento de que “existen suficientes, fundadas y altísimas sospechas documentadas” sobre el “actuar de los imputados en relación al delito por el que vienen siendo investigados”. La apelación será resuelta por la Cámara Federal de Córdoba. En algunos casos, la acusación puntualiza que el entonces juez y los dos fiscales se limitaban a receptar informes sobre las causas de las muertes de los detenidos, sin ahondar en los verdaderos motivos de esos hechos que, se ha probado en la Justicia, obedecieron a crímenes cometidos por “grupos de tareas” dentro y fuera del penal.

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