Apelan prescripción de causa contra Riutort y otros dirigentes

La jueza Servini de Cubría los imputó por el uso irregular de subsidios sociales durante la era menemista. Pero luego les concedió el beneficio porque pasaron 10 años.
Hace ocho años, la Justicia federal comenzó a investigar una denuncia contra funcionarios y miembros de fundaciones de todo el país.

La Fiscalía Anticorrupción y el fiscal Carlos Stornelli los acusaron de haber utilizado de manera irregular subsidios sociales de la Nación destinados a pobres y ancianos: detectaron fondos presuntamente entregados y utilizados sin control, rendiciones dudosas o inexistentes, escasez de requisitos legales y utilización del dinero para clientelismo político o bien para actividades que nada tenían que ver con el objeto predeterminado.

Entre los acusados –y luego imputados– figuraban cuatro ex ministros de Desarrollo Social del gobierno de Carlos Menem (Santiago de Estrada, José Figueroa, Ramón "Palito" Ortega y Eduardo Amadeo).

Los involucrados en Córdoba fueron protagonistas de la primera gobernación de José Manuel de la Sota, ligados a la Fundación para una Mejor Calidad de Vida (Funcavi): Olga Riutort (por entonces esposa de De la Sota y presidenta de Funcavi), Domingo Carbonetti (ex tesorero de la entidad, actual legislador provincial), José Ignacio Rufeil (ex presidente de la fundación); María del Carmen Ceballos (esposa de Carbonetti, actual intendenta de Bell Ville); María Balvina de la Sota (sobrina del ex gobernador); Alicia Narducci (esposa de Carlos Caserio, actual legisladora) y María Lía Ongini (esposa del ex ministro de la Solidaridad Herman Olivero).

Todos ellos –junto a otros políticos y fundaciones de todo el país– fueron imputados hace un año –24 de junio de 2008–, cuando la jueza María Servini de Cubría decidió pedir la indagatoria de los implicados, que había sido solicitada por la fiscalía a mediados de 2004.

Sin embargo, ninguno llegó a declarar: algunos invocaron la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido desde los hechos denunciados –10 años– y la magistrada se la concedió a todos.

¿Los fundamentos? Que los hechos que se imputan –incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta– tienen penas de 2 a 6 años, respectivamente. Por lo tanto, desde 1998 se cumplió el tiempo que estipula la ley para la prescripción.

El actual fiscal de la causa –Federico Delgado– apeló la sentencia el pasado 27 de julio. Su argumento es que se trataría de delitos de "peculado", que poseen una escala de prescripción diferente.

El Juzgado de Servini de Cubría deberá ahora enviar las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la que decidirá si ratifica el fallo o si cree que la causa no está prescripta y, por lo tanto, se debe tomar declaración a los implicados.

Consultada por este diario, la actual concejala de la ciudad de Córdoba Olga Riutort (bloque Eva Duarte) no quiso hacer comentarios. Su abogado, Marcelo Brito, señaló que su defendida se presentó varias a veces "a los efectos de que se le recibiera declaración, en el carácter que correspondiera" y que sin embargo nunca se lo aceptaron.

"Ella respondía a la imputación y explicaba lo que a su juicio había sido el destino de los fondos", afirma Brito, y asegura que no presentaron ningún pedido de prescripción. Aclara que lo hicieron algunos de los imputados, ante lo cual la jueza tomó la misma decisión para todos.

En su momento, cuando se publicaron las primeras notas periodísticas de la investigación, Riutort negó las acusaciones y aseguró que Funcavi siempre cumplió con los convenios establecidos con la Nación.

Las denuncias

La causa 20.051/01 se inició en noviembre de 2001, a partir de informes de la Auditoría General de la Nación que concluyeron que se habían cometido irregularidades graves con subsidios sociales entregados por la Nación a distintas fundaciones.

En total, se investigan expedientes por 10 millones de pesos, dos millones y medio de los cuales corresponden a Funcavi.

Son 12 subsidios por diferentes montos, recibidos por la fundación que presidía Riutort mientras colaboraba en la campaña para la Gobernación de su esposo y entonces senador. José Manuel De la Sota ganaría al fin las elecciones de diciembre de 1998.

Algunos de los hechos más curiosos de la investigación:

Acto con Menem. El dinero del plan Asoma debía ser usado para asistir a ancianos sin recursos. Pero uno de los subsidios a Funcavi, de 80 mil pesos, fue utilizado en noviembre de 1998 para llevar a 10 mil ancianos a un acto en el complejo Pajas Blancas Center. Allí, el entonces presidente Carlos Menem se abrazó en el estrado con Germán Kammerath –intendente de la ciudad de Córdoba– y con De la Sota, en plena campaña electoral. Riutort dijo que era importante que los ancianos asistieran al acto y que allí se les entregaron carnés de afiliados.

Sede financiera. La Fiscalía Anticorrupción observó que al menos tres subsidios fueron depositados en una cuenta del Banco Nación, sucursal Bell Ville. El tesorero de Funcavi era Domingo Carbonetti, oriundo de ese lugar, quien luego sería fiscal de Estado en la gestión De la Sota.

Bolsones. Una investigación de La Voz del Interior mostró que muchos de los bolsones alimentarios del plan Asoma, que debía entregar Funcavi, fueron distribuidos a través de unidades básicas del PJ o bien de punteros políticos barriales.

Colaborador. Uno de los pedidos de subsidio apareció firmado por "Cnel. Luis Alberto Devoto, coordinador de gestión del Senador Nacional José Manuel de la Sota". Devoto –ex subsecretario de Defensa Civil de la Provincia– reconoció que "probablemente" colaboró en esa época con Funcavi, como una especie de "mensajero".

Diez a uno. Graciela Fernández Meijide, secretaria de Desarrollo Social de la Alianza, señaló que cuando asumió, en 1999, le llamó la atención que desde el área que le tocó manejar se habían enviado a Funcavi 10 veces más fondos que al gobierno de Ramón Mestre.

Lo publicado

27 de octubre de 2003. Denuncia por subsidios involucra a Funcavi.

28 de octubre de 2003. Bolsones en la unidad básica.

20 de junio de 2004. Piden la indagatoria de Riutort y otros dirigentes.

3 de julio de 2005. El juego de los subsidios.

16 de noviembre de 2005. Seguirán investigando a Riutort por Funcavi.

17 de noviembre de 2005. Riutort negó que la estén investigando.

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