Apelan los fallos que rechazan las impugnaciones a la postulación del gobernador.

Los cuestionamientos formulados por tres dirigentes de la UCR y por el titular de Defensa Provincial Bandera Blanca, Exequiel Avila Gallo, contra la postulación de José Alperovich como senador suplente, serán resueltos por la Cámara Electoral Nacional (CEN).
Las impugnaciones fueron rechazadas por el juez federal electoral de Tucumán, Daniel Bejas, pero las partes apelaron esa sentencia, por separado. La impulsada por los radicales se concentra en la candidatura del gobernador, que consideran simulada. En el escrito de Avila Gallo se objeta que el mandatario tiene causas penales pendientes, planteo que alcanza también a la postulación de Beatriz Rojkés, cabeza de lista senatorial.

Más allá de que Bejas oficializó la nómina del Frente para la Victoria, lo que le permite continuar la campaña electoral para el 28 de junio, procesalmente deberá remitir los expedientes a la Capital Federal. El trámite se concretaría el martes. Cuando los papeles le lleguen a los miembros de la CEN, dispondrán de tres días hábiles para emitir su fallo, que sólo excepcionalmente podrá ser recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Libertad del voto

En la apelación deducida ayer por los radicales Ariel García, Lía López y Dante Salvioli, se insiste en que la inscripción de Alperovich como candidato vulnera un texto expreso de la Constitución Nacional y pactos internacionales.

"El fallo trata de ignorar en toda su extensión las previsiones constitucionales, ya que centra su atención en las consecuencias de la prohibición y no en las causas. La sentencia es caprichosa y arbitraria, porque lo que se trata de preservar es la libertad del voto, para que los ciudadanos no se vean influidos por la presencia del gobernador en la lista, como dijo el autor de la disposición original, Francisco Seguí. El bien jurídico protegido es la libertad", advirtieron.

Los dirigentes señalaron que la incorporación de un mandatario como candidato influye negativamente en el electorado, según la interpretación de los constituyentes. "También afecta la igualdad de quienes no influyen sobre el voto. La ley, expresamente, distingue entre los postulantes; por ello, el juez también debería haber distinguido y concluido que no es lo mismo que se presente un ciudadano común o la máxima autoridad de la provincia. En cambio, la sentencia pretende distraer la atención del centro de la cuestión planteada, al distinguir el derecho al sufragio activo del pasivo", agregaron.

"Asegurar un proceso electoral que permita la libre y transparente expresión de la voluntad popular es una necesidad imperiosa. De lo contrario, se desmorona todo el edificio institucional en el que se sustenta, y las autoridades que surjan de comicios viciados no serán legítimas", remarcaron.

Los radicales cargaron también contra la idea oficial de instalar un plebiscito sobre la gestión de Gobierno, lo que sería vulneratorio del régimen representativo pautado en la Carta Magna.

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